Creada en 2001 por el Gobierno belga para promover el desarrollo del sector privado, BIO posee la particularidad de tener al Estado belga como único accionista. Invierte en emprendimiento y en el sector privado, además de en agricultura, sanidad y educación, en 52 países de Asia, América Latina, Oriente Medio, África del Norte y África subsahariana. BIO destina el 56% de sus inversiones a la inclusión financiera y el 36% de sus inversiones no son directas, las realiza a través de fondos de capital inversión (FCI).

Un informe de 2012 reveló que BIO colocaba una parte sustancial de sus inversiones a través de FCI radicados en paraísos fiscales, para eludir los impuestos en los países donde se llevaban a cabo sus inversiones. En 2019, otro informe demostró la implicación de BIO en violaciones de los derechos humanos y del trabajo en el marco de sus inversiones en la empresa canadiense Feroni, activa en el sector del aceite de palma en la República Democrática del Congo.

Entre las violaciones, el informe menciona “asesinatos de residentes que viven en las proximidades de las explotaciones, intimidación, arrestos y detenciones arbitrarias sin juicio, pagos atrasados de retribuciones inferiores al salario mínimo, así como vulneraciones del derecho a la alimentación, a un medio ambiente saludable, del derecho a la propiedad del suelo y del derecho al consentimiento libre, previo e informado”. Este programa de inversión acabó siendo un fracaso económico que llevó a Feronia a la quiebra y dejó un rastro de violencia, destrucción medioambiental y un desarrollo local practicamente nulo.

Frente a esta situación, y en previsión de la próxima legislación de la UE sobre el deber de diligencia de las empresas, los sindicatos belgas han dirigido al Gobierno de Bélgica varias recomendaciones clave para remediar los repetidos fracasos de BIO y su incapacidad de contribuir eficazmente a un auténtico desarrollo sostenible. La implicación del sector privado en las políticas de desarrollo debe traducirse en un desarrollo sostenible y en empleos decentes, respaldados por un compromiso real de las empresas, con el fin de garantizar el respeto de los derechos del trabajo, de los derechos humanos y de las normas medioambientales en el conjunto de sus actividades.

Recomendaciones:
1. Adoptar un enfoque holístico del desarrollo: A la hora de adoptar sus decisiones de inversión, BIO debe priorizar las normas sociales y medioambientales, paralelamente a la gobernanza económica. En concreto, debería privilegiar el empleo sostenible, el desarrollo de las capacidades y la participación de los trabajadores locales, además de incorporar medidas para salvaguardar el desarrollo ecológico.

2. Definir criterios de exclusión claros: BIO debe renunciar a toda inversión o proyecto que pueda tener una incidencia negativa para la sociedad, el medio ambiente y los derechos humanos, y rechazar todo proyecto tendiente a la comercialización de los servicios de la sanidad y la educación públicas que obstaculice un acceso universal asequible a dichos servicios.

3. Dar preferencia a las inversiones socialmente responsables: BIO debe priorizar las inversiones en fondos de capital inversión (FCI) que tengan como objetivos la inversión social y la promoción de los derechos humanos, los derechos del trabajo y la sostenibilidad medioambiental. Las inversiones deben dirigirse a las pequeñas y medianas empresas, y a apoyar las estrategias de transición desde la economía informal a la economía formal.

4. Reforzar sus conocimientos internos: con el fin de reducir su dependencia de consultores externos, BIO debe mejorar sus conocimientos internos en materia de derechos humanos, de derechos del trabajo y de normas medioambientales. Su colaboración con agentes del desarrollo, como la OIT y los interlocutores sociales locales, puede reforzar aún más su acervo de conocimientos.

5. Mejorar la diligencia debida: BIO debe establecer un proceso continuo de diligencia debida que comprenda una planificación, un seguimiento, una evaluación y la elaboración de informes, además de la participación de los titulares de derechos. Dicho proceso debería incluir un plan de diligencia debida disponible públicamente y la consulta sistemática con las partes integrantes.

6. Transparencia y acceso a la información: BIO debe garantizar una mayor transparencia en sus cadenas de valor y en los fondos de capital inversión utilizados para sus inversiones, en concreto en lo relativo a las modalidades de pago de impuestos. También es necesaria más información sobre los procesos de diligencia debida y los estudios de impacto.

7. Implantar un mecanismo de reclamación efectivo: El mecanismo de reclamación actual que posee BIO debe ser más independiente, eficiente y accesible para las víctimas. Además, BIO debe establecer procedimientos claros para la mediación, el acceso a la justicia, los recursos colectivos y la protección de los denunciantes.

8. Control externo e informes: El Parlamento federal belga debería implicarse en el proceso de garantizar la transparencia y el control externo. Debería ser obligatoria la presentación de informes anuales sobre las actividades de BIO que puedan tener efectos adversos para los derechos humanos.

Los sindicatos reconocen la importancia del desarrollo sostenible e instan a BIO a adoptar un enfoque basado en la primacía de los derechos. Implantando un proceso de diligencia debida como elemento fundamental, BIO podrá garantizar que sus actividades respetan los derechos humanos, los derechos del trabajo y las normas medioambientales. Los sindicatos subrayan la necesidad de que BIO rinda cuentas y se implique en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al utilizar fondos públicos para sus inversiones en países en desarrollo.

Para más información, contacten con Karin.Debroey[@]acv-csc.be