El informe (en inglés) muestra que, desde 2010, los Gobiernos han venido reduciendo el gasto público. Según proyecciones fiscales del FMI, un nuevo shock comenzará en 2020-21, afectando a 130 países. En lugar de invertir en una recuperación sólida que aporte prosperidad a los ciudadanos, la austeridad se ha convertido en “la nueva normalidad”.

Hasta 69 países atravesarán una contracción excesiva, recortando el gasto hasta niveles inferiores a antes de la crisis en términos del PIB, incluyendo países con enormes necesidades humanitarias y de desarrollo como Angola, Burundi, Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Iraq, Jamaica, Jordania, Nigeria o Yemen.

Un análisis de informes de país del FMI respecto a 161 países en 2018-19 muestra que las discusiones sobre políticas mantenidas con el Gobierno incluyen:

• Reformas de pensiones y seguridad social (86 países)
• Recortar o limitar los gastos salariales del sector público, incluido el número y los salarios de maestros, trabajadores de la salud y funcionarios que prestan servicios públicos (80 países)
• Reformas de flexibilización laboral (79 países)
• Reducción o eliminación de subsidios (78 países)
• Racionalizar y/o focalizar aún más la asistencia social o las redes de seguridad (77 países)
• Incrementar los impuestos regresivos al consumo, como los impuestos sobre las ventas o el IVA (73 países)
• Fortalecimiento de las asociaciones público-privadas (APP) (60 países)
• Privatización de bienes y servicios públicos (59 países)
• Reformas sanitarias (33 países)

Las medidas de austeridad tienen un impacto social negativo. La austeridad afectará aproximadamente a 5,8 millones de personas para 2021, cerca del 75 por ciento de la población mundial. Para miles de millones de personas, la persistencia de una larga crisis del empleo y la austeridad suponen un deterioro de sus condiciones de vida, crecientes desigualdades y descontento social.

Después de que el sector financiero fuese rescatado en países del G20 con cerca de 10 billones de dólares, se prescribiría una consolidación fiscal con recortes en las políticas públicas y la protección social.

Además, los ajustes en el gasto público están siendo utilizados como caballo de Troya para inducir a las políticas del Consenso de Washington, reduciendo las políticas públicas y el estado del bienestar. Una vez que se contraen los presupuestos, los Gobiernos deben buscar políticas que minimicen el sector público y expandan la prestación de servicios a través de APP y del sector privado, a menudo promovidas y/o apoyadas por bancos multilaterales de desarrollo.

El informe presenta el Consenso de Washington renovado, recomendándolo a los Gobiernos que dispongan de un presupuesto limitado, como alternativa al Consenso de la ONU sobre desarrollo para todos.

La austeridad y los recortes presupuestarios no necesitan ser “la nueva normalidad”. Existen alternativas, incluso en los países con mayores niveles de pobreza. Los gobiernos pueden encontrar espacio fiscal adicional para financiar servicios públicos y políticas de desarrollo a través de al menos ocho opciones.

El informe exhorta a que los Gobiernos tomen medidas urgentes para identificar opciones financieras para acelerar progresos con vistas al logro de los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).