Dicha ley despojaba a los trabajadores de derechos y prestaciones, además de eliminar protecciones medioambientales, y abría la vía a la privatización del sector eléctrico.

Pero la semana pasada, el Tribunal Constitucional indonesio declaró la ley inconstitucional, suspendiendo de inmediato sus elementos más perjudiciales, dando al Gobierno dos años para enmendarla.

Las afiliadas de la CSI en Indonesia, KSPI y KSBSI, venían oponiéndose a la introducción de cambios a la normativa laboral en la ley, y millones de trabajadores y trabajadoras participaron en las huelgas nacionales convocadas.

Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, comentó: “Estas son excelentes noticias para la población indonesia y quisiera felicitar a la KSPI y al movimiento sindical indonesio en general, por esta victoria legal.

“Seguirán contando con todo nuestro apoyo para asegurarse de que el Gobierno cumpla plenamente sus obligaciones legales y elimine por completo estas terribles leyes en el plazo de dos años.

“Ahora que Indonesia ha asumido la presidencia del G20, el Gobierno debe sentarse con los sindicatos y acordar con ellos un plan con vistas a reparar el impacto negativo que haya tenido la ley general. Es el momento de mostrar liderazgo global, respetando los derechos de los trabajadores/as y el diálogo social y demostrando que la ventaja competitiva no puede basarse en la explotación. Únicamente respetando el piso de protección laboral se conseguirá que la economía global contribuya a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la reducción de la pobreza y los conflictos y la preservación del medio ambiente”.