Después de dos años de negociaciones intergubernamentales, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió aprobar, sin apenas modificaciones, la propuesta realizada por el Grupo de Trabajo de composición Abierta (donde España compartió silla con Italia y Turquía) y que hizo suya en el mes de agosto el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible surgen de un complicado equilibrio que era fácil quebrar si se reabría el debate en la propia Asamblea General.
Los derechos humanos y la cuestión de género e igualdad han sido temas en los que ha habido un precario acuerdo; con profundas divergencias entre países, han destacado por su beligerancia Arabia Saudita y China. Derechos fundamentales como la libertad de expresión o la igualdad de derechos entre géneros aún no generan consenso en la comunidad internacional y eso se constata en la nueva agenda. Apenas hay reconocimiento de derechos y se habla de facilitar el acceso, por ejemplo, a la educación, a la salud, etc.
Con estas importantes limitaciones se ha llegado al acuerdo. Y los avances que se producen en la agenda suponen importantes retos para el conjunto de países y gobiernos. La universalidad es uno de ellos: habrá metas globales, regionales y nacionales. Aunque están por definir los indicadores, la universalidad requerirá la adaptación de las agendas regionales y nacionales vigentes al nuevo marco. En el espacio de la Unión Europea será necesario adaptar la Agenda 2020 a los nuevos objetivos y metas establecidas en Naciones Unidas y consecuentemente los Planes Nacionales de Reformas que los Estados están obligados a presentar.
La coherencia de políticas es otro de los retos que tienen los Estados. Una coherencia de políticas que no debería ser establecida por los espacios de cooperación internacional al desarrollo sino desde los ámbitos de decisión gubernamental en los que se adoptan las políticas centrales con una doble dimensión, internacional y nacional. Es imposible que las políticas de austeridad emanadas de las instituciones europeas y del Fondo Monetario Internacional hagan realidad la reducción de la pobreza y de la desigualdad que figuran como objetivos en la Agenda 2030. España es un ejemplo claro de las consecuencias que tiene la implementación de duras políticas de ajuste, un importante incremento de las tasas de paro, de pobreza y de desigualdad.
Otro importante reto es la cooperación internacional y la gobernanza global de determinadas políticas; entre éstas destacamos la política fiscal. A pesar de los pequeños avances que en esta materia se están dando en la Unión Europea (por ejemplo, la introducción de un Impuesto a las Transacciones Financieras) y en la OCDE, lo cierto es que en la Conferencia de Financiación para el Desarrollo de Addis Abeba fracasó la propuesta del G77 más China de establecer un organismo tributario intergubernamental en las Naciones Unidas que sustituyera al actual Comité de Expertos de la ONU. Los países desarrollados (liderados por el Reino Unido y Estados Unidos) justificaron su oposición insistiendo en que la OCDE es el único espacio legitimado para abordar la cooperación fiscal internacional.
Avanzar en la implementación de políticas que afronten estos retos puede suponer una buena base en la que se asienten progresos significativos en un nuevo modelo de desarrollo que tenga en su centro a las personas.
Un último elemento a destacar de la nueva agenda es la incorporación del trabajo decente como objetivo; el Objetivo 8 se propone “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Una buena estrategia desarrollada por el movimiento sindical internacional –la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) - y el impulso dado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han vuelto a situar al empleo en la agenda internacional de desarrollo sostenible. El acceso al trabajo decente es la única forma de millones de personas de salir de la pobreza. Cabe destacar algunas cifras para comprender mejor el alcance de los retos planteados y la situación actual: más de 60% de todos los trabajadores no tienen contrato de trabajo alguno; menos de 45% de los trabajadores asalariados están empleados a tiempo completo con un contrato a tiempo indeterminado, y esta proporción está disminuyendo.
Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es el título de la Resolución de Naciones Unidas en la que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Gobiernos y las diferentes instituciones internacionales tienen la responsabilidad de cambiar y transformar sus políticas en beneficio de las personas y del planeta.
Esta transformación es posible si existe voluntad política, si se dedican los recursos necesarios y si se cumplen los compromisos voluntariamente adoptados por los Gobiernos.
Artículo publicado en la Revista de Estudios y Cultura de la Fundación Primero de Mayo, número 73: http://bit.ly/1RjHefV
