Este Plan se realiza en paralelo a las decisiones de la cooperación en el seno de la UE.

Si hace unos años todos los partidos españoles, incluyendo el del actual Gobierno, se comprometieron en un Pacto Estatal contra la Pobreza, por encima de coyunturas, donde se
fijaban unos criterios de la ayuda y un calendario de cumplimiento del importe relativo de la misma, ahora ni se menciona, ni se tiene en cuenta esos compromisos.

La crisis y la falta de ambiciones informan el Borrador del Plan español.

La ayuda española al desarrollo no sólo ha caído proporcional al PIB, sino que ha descendido a los niveles de 1981. Con esa decisión, el texto del Plan en una primera parte intenta hacer una literatura hilvanada sobre los objetivos de la Cooperación española. Es bonita y dice cosas en contradicción con las medidas que se están tomando en nuestro país. Reclama hacer una política de cooperación donde los ‘resultados’ vayan hacia la universalización (y gratuidad) en sanidad, educación,…

Reclama una atención sobre los efectos sobre el género en todas las acciones. Enfatiza la consecución de la seguridad alimentaria, la gobernanza, la participación, la rendición de cuentas y a evitar el peligro de la vulnerabilidad, sea en estados, poblaciones indígenas, colectivos específicos,… Cuanto más detalle ponen, menos verosímil se hace ante la cercenación de programas, espacios geográficos, y pérdida de toda una serie de personas que
se han dedicado a trabajar en la cooperación y que por mor de la crisis y la reorientación presupuestaria no se les ofrece alternativa, excepto el paro.

Esa es la segunda parte del Plan Director. La reducción de presupuestos obliga a la concentración de la ayuda. Se eliminan los países de renta media como lugares de la cooperación. Sólo serán 23 países o territorios beneficiables.

Con un planteamiento formal sobre la eficiencia reducen los sectores a cubrir. La Unión Europea en su propia política de cooperación ha dictado lo propio, reducción espacial, liderazgo por un Estado de un país y/o sector. Eso contribuirá a la colaboración con las ONG en roles especializadas. Y, también, como lógica de la acción ministerial su mayor vinculación con los intereses comerciales españoles y la entrada del sector privado como agente de desarrollo.

En resumen, el Plan Director español viene restringido por la escasa voluntad presupuestaria. Quieren vestirlo con una mayor coherencia y especialización, coordinación con otras agencias u organismos de cooperación e impulso de acciones que mejoren la gobernanza y prometen una mayor participación y rendición de cuentas con los ‘socios’ receptores. No hay mucha literatura sobre la participación y codecisiones con la sociedad civil. Cosas que siempre han debido estar vigentes pero con resultados magros. No hay propuestas hacia el mantenimiento e impulso de toda una pléyade de técnicos y cooperantes que durante todos estos años tienen una rica experiencia que se puede echar por la borda.

Santiago González Vallejo, USO-SOTERMUN