Bruselas, 19 de marzo de 2008: La CSI ha pedido hoy a los gobiernos de EE.UU. y la India (EN - pdf) que tomen medidas en nombre de casi un centenar de trabajadores de la India que protestaron el 10 de marzo por las prácticas de trata de personas de que han sido víctimas al ser contratados en la India para ser explotados en un astillero en Pascagoula, Mississippi, en Estados Unidos.

Los trabajadores exigen que el Ministerio de Justicia de EE.UU. abra una investigación penal contra los traficantes y tome medidas para garantizar que en el futuro los trabajadores y sus familias no sean víctimas de esta misma forma de esclavitud moderna. Según se informa, el mismo día se presentó una demanda en nombre de unos 500 trabajadores portuarios originarios de la India. La denuncia, de 82 páginas, acusa a Signal International, una empresa de construcción marítima, y a los seleccionadores de personal estadounidense e indio, respectivamente Malvern Burnett y Dewan Consultants, de someter a más de 500 trabajadores indios a trabajo forzoso, trata, fraude y violación de sus derechos civiles.

Los trabajadores afirman haber sido objeto de trata a escala internacional por parte de un seleccionador de personal que los llevó de la India a la Costa del Golfo de los EE.UU. Atraídos por una publicidad engañosa que prometía una contratación legal y permanente a través de una inmigración laboral a los EE.UU. para ellos y sus familias, los trabajadores contrajeron préstamos de hasta 20 000 dólares estadounidenses para pagar su derecho de contratación, para luego darse cuenta de que sólo recibirían un permiso de residencia y permiso de trabajo por un período de diez meses, lo que apenas les permite pagar el préstamo que les hizo su seleccionador de personal y hace imposible que les sigan los miembros de su familia. Los trabajadores vivían hacinados y aislados en campos de trabajo; se les negaba el transporte y eran supervisados en todo momento por guardias de seguridad. Según se informa, vivían hasta 24 personas hacinadas en pequeños barracones y se les retenían 1 000 dólares mensuales de su sueldo por concepto de alojamiento. Asimismo, los trabajadores informaron haber sido objeto de graves discriminaciones y discurso racista. A pesar de las reiteradas pruebas de fraudes anteriores, los seleccionadores de personal y el empresario amenazaron, coaccionaron y despojaron a estos trabajadores de pagos adicionales. También modificaron los contratos, lo que obligó a los trabajadores a aceptar bajo amenazas la destrucción de sus pasaportes y/o visas. El año pasado un intento de organizarse para mejorar las condiciones de trabajo, fue violentamente reprimido por el empleador, que encerró y trató de expulsar por la fuerza a los líderes.

Los trabajadores cuentan con el apoyo de la Low-Wage Immigrant Worker Coalition, el New Orleans Workers’ Center for Racial Justice y la Alliance of Guestworkers for Dignity así como de la organización sindical afiliada a la CSI, la AFL-CIO. La CSI se une a estas organizaciones y apoya el llamamiento de estos trabajadores para exigir la protección de las víctimas de trata e insta a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. a anteponer los derechos de las víctimas y a no a castigar a este grupo de trabajadores por ejercer sus derechos legales.

La CSI representa a 168 millones de trabajadoras y trabajadores en 155 países y territorios y cuenta con 311 afiliadas nacionales.

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