Bruselas, 2 de marzo de 2007: La Confederación Sindical Internacional ha denunciado que los sindicalistas de Sri Lanka son objeto de intimidación y de amenazas de secuestro. En una carta remitida a las autoridades de ese país, la CSI protestó enérgicamente por los crecientes riesgos a los que están expuestos los sindicalistas al llevar a cabo sus legítimas actividades.
Las amenazas se intensificaron luego de que una serie de dirigentes sindicales independientes encabezaran manifestaciones de protesta por el hecho de que el 6 de febrero fueron secuestradas tres personas vinculadas con el diario Akuna del sindicato de trabajadores ferroviarios. Nihal Serasinghe, un colaborador de Akuna, fue secuestrado cerca de la fortaleza (Fort) de Colombo, cuando salía de una imprenta. Lalith Seneviratne, encargado de la diagramación de Akuna, fue llevado de su casa. Su esposa identificó a los secuestradores como policías de civil del Departamento de Investigación Criminal e hizo una denuncia en la comisaría de Aturugiriya. Sisira Priyankara, editor de Akuna, fue llevado de su lugar de trabajo, un taller de electricidad de la empresa ferroviaria. Había participado en las quejas presentadas por sindicalistas ante los tribunales de Sri Lanka por los aumentos de salario otorgados a altos funcionarios gubernamentales. Los tres secuestros fueron denunciados en su momento por “Periodistas sin fronteras”, con sede en Francia.
Los secuestros también originaron al día siguiente una protesta espontánea frente a la estación de ferrocarril Fort. Dos días más tarde, el 8 de febrero, el gobierno declaró que las tres personas secuestradas estaban detenidas y que se las estaba interrogando por sospecha de colaboración con insurgentes.
Desde entonces, los dirigentes sindicales que participaron en esa protesta han sido víctimas de una campaña con la que se busca vincularlos a los insurgentes terroristas. En distintos lugares públicos del país han comenzado a aparecer carteles calificándolos de traidores y terroristas y reclamando que se los detenga. Entre las personas tomadas como blanco de esa campaña están: Anton Marcus, de la Unión de Empleados de la Zona Franca de Exportación y Servicios Generales (FTZGSEU), a su vez afiliada a la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero (FITTVC), Sman Ratnapriya y Ravi Kumudesh, de la Alianza Sindical del Sector de Salud (HSTUA), Sampath Rajitha y Raja Kannangara, de la Alianza Sindical Ferroviaria Conjunta (JRTUA), y Joseph Stalin, de la Unión de Docentes de Ceilán (CTU). Varios de ellos participaron recientemente en denuncias de ataques del gobierno contra el derecho de huelga y reformas arbitrarias de la legislación laboral.
“No podemos aceptar que se equipare a los sindicalistas con terroristas por llevar a cabo sus legítimas actividades”, dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI, y agregó: “Y se deben retirar inmediatamente los ilegales pedidos para que se los detenga”.
Sri Lanka es miembro de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que su gobierno tiene la obligación de tomar medidas para proteger el ejercicio de los derechos sindicales. La CSI le reclama al gobierno que tome medidas inmediatas con el fin de: garantizar la seguridad de todos los sindicalistas amenazados, velar para que haya un entorno exento de intimidación y conducente al normal ejercicio de las actividades sindicales, investigar las quejas presentadas por los sindicalistas, garantizar su seguridad y encargarse de que se tomen todas las medidas legales pertinentes en todos los casos de amenaza o intimidación.
La CSI, fundada el 1 de noviembre de 2006, representa a 168 millones de trabajadores de 153 países y territorios y cuenta con 304 afiliadas nacionales:
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