El informe de la CSI concluye que las autoridades han estado recurriendo con regularidad a prácticas de “arrestos, detenciones, violencia, tortura, intimidación y acoso” para frenar las actividades sindicales y la afiliación a los sindicatos. Los derechos a organizarse, a negociar colectivamente y a la huelga están amenazados en Zimbabwe, y numerosos activistas sindicales han sido víctimas de violentas campañas antisindicales. La Ley de Seguridad y Orden Público (POSA) es utilizada para criminalizar efectivamente la acción de los sindicatos. Además el informe subraya las conclusiones de una reciente Comisión de Encuesta de la OIT que revela prácticas de “violencia y torturas contra los dirigentes sindicales y sindicalistas por las fuerzas de seguridad en el contexto de eventos nacionales organizados por el Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU), lo que indica que hubo alguna forma de dirección centralizada de las fuerzas de seguridad involucradas en tales hechos”.
Por otra parte el Gobierno ha fracasado a la hora de hacer cumplir sus leyes en materia de discriminación, trabajo infantil y trabajo forzoso. La Inspección del Trabajo y otros responsables del cumplimiento de la ley carecen de recursos suficientes, mientras que existen informes que denuncian que la policía ha sido cómplice en la trata de personas y otros crímenes. La erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso no parecen ser prioridades en el programa del Gobierno.
