Muchas más personas se ven ahora forzadas a buscarse un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes, a medida que las condiciones del mercado laboral se vuelven más precarias y los ingresos se estancan.

“La receta del FMI en Rumanía contradice los indicios positivos relativos a los derechos de los trabajadores por parte de su sede de Washington, y el Gobierno ha hecho caso omiso del consejo de la OIT, a pesar de prometer respetar las normas internacionales del trabajo. Un reducido número de empleadores e inversores extranjeros están obteniendo los beneficios de la despreocupación del Gobierno por los hombres y mujeres que producen los bienes y proporcionan los servicios que mantienen la economía en funcionamiento”, dijo la Secretaria General de la CSI Sharan Burrow.

La nueva legislación, que el movimiento sindical de Rumanía está intentando que se enmiende, excluye a los trabajadores en las “profesiones liberales” del derecho a la afiliación sindical, y ha introducido una serie de obstáculos jurídicos y de procedimiento para eliminar los derechos de los trabajadores a la negociación colectiva. Las afirmaciones del Gobierno, según las cuales la legislación ha permitido reducir el desempleo, no se corroboran con sus propias estadísticas.

“Los potentes intereses corporativos y financieros están consiguiendo dar marcha atrás a dos décadas de progresos democráticos para los trabajadores de Rumanía. Esta legislación es una amenaza para la estabilidad económica y social del país, pero aún así el Gobierno está dándole más importancia a la ideología que a los intereses de sus propios ciudadanos”, añadió Burrow.