El establecimiento de una autoridad legítima provisional y el pleno respeto del imperio de la ley son medidas de crucial importancia que deben tomarse con toda urgencia, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y la comunidad internacional en su conjunto. La milicia aliada al antiguo régimen debe ser desarmada y desmovilizada ya.
Con el fin del régimen de Gadafi, el pueblo de Libia tiene por fin la oportunidad de construir una sociedad democrática y justa que haga posible el progreso económico y social. La comunidad internacional debe actuar de forma responsable en apoyo del pueblo libio para ayudarle a realizar sus aspiraciones, que durante tanto tiempo han estado subyugadas a los intereses del régimen y de aquellos que se han beneficiado de las décadas de su dictadura.
Con decenas de miles de millones de dólares invertidos en el exterior, enormes reservas de petróleo y de gas y la necesidad de un gran esfuerzo internacional para ayudar a rastrear otros activos de Gadafi, existe un enorme potencial para desarrollar la economía del país y superar las profundas desigualdades sustentadas por el régimen sustentó, y que ahora han ayudado a fomentar la rebelión.
"Muchos países han sido cómplices del mantenimiento del régimen de Gadafi durante todos estos años, y muchas empresas multinacionales han obtenido enormes ganancias gracias a sus relaciones con el régimen. La responsabilidad primera de la comunidad internacional en este momento es la de actuar en pos del bienestar, la seguridad y los derechos de la población de Libia y ayudarle a lograr una transición democrática. Aquellos que se encuentran actualmente en el poder en Libia también deben garantizar la plena aplicación del Estado de derecho, evitar represalias y proteger a los más vulnerables, incluidos los trabajadores y trabajadoras migrantes", señaló la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.
Aun cuando Libia entra en una nueva era, los ciudadanos de otros países de la región todavía viven bajo el pesado yugo de regímenes represivos. La CSI insta una vez más a los Gobiernos de la región a mostrarse abiertos a un verdadero diálogo social, y responder a las legítimas aspiraciones de su pueblo a la democracia y la justicia social.
