La sociedad civil, incluidos los sindicatos de Malawi, han criticado una serie de leyes recientes que coartan la libertad de prensa, limitan las demandas judiciales contra dependencia y funcionarios gubernamentales y limitan las libertades civiles. En la actual situación, la policía de Malawi puede, por ejemplo, registrar cualquier casa sin orden de allanamiento, y la prensa no puede publicar todo lo que se "considere contrario al interés público". Los manifestantes deseaban protestar contra las condiciones de rápido deterioro económico, caracterizadas por la escasez de combustible y divisas, que paralizan la economía. Los trabajadores y trabajadoras de Malawi se han visto severamente afectados por la crisis económica. La escasez de divisas significa que las empresas no pueden traer materias primas ni componentes, lo que ha dado lugar a pérdidas masivas de empleos. La escasez ha hecho que los productos básicos se hayan vuelto inasequibles.

A pesar de la brutal represión policial, los manifestantes llevaron sus demandas a los comisionados de distrito, y pidieron a su Presidencia que les diera satisfacción para 16 de agosto. Posteriormente, un gran número de líderes de la sociedad civil y líderes sindicales locales pasaron a la clandestinidad, ya que temen por sus vidas después de las amenazas recibidas.

"Esta situación no es digna de un país que adhiere a los principios de la democracia", afirmó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow. "Ante condiciones tan particularmente difíciles como las que actualmente afectan a Malawi, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil no deberían enfrentarse a una represión aún más severa cuando defienden sus derechos fundamentales."