Sometiendo con persistencia su política migratoria a una diplomacia versátil, el Gobierno libio ha abierto sucesivamente los brazos a los migrantes árabes en nombre del panarabismo y a los migrantes subsaharianos en nombre del panafricanismo. Posteriormente, a fin de satisfacer la política de seguridad europea, el Gobierno libio sometió a los migrantes árabes y subsaharianos al requisito de poseer un visado, obligando así a miles de ellos, carentes de documentos, a encontrarse en la ilegalidad. Expuestos al conflicto en el que el Coronel Gadafi ha precipitado al país por negarse a escuchar las aspiraciones de su pueblo, los migrantes se encuentran atrapados, desprovistos del apoyo real que numerosas embajadas podrían brindarles como ayuda. Miles de trabajadores procedentes de países asiáticos como Bangladesh, Vietnam o incluso China se han encontrado completamente abandonados durante varias semanas hasta que su repatriación pudiera organizarse; por eso los últimos trabajadores vietnamitas acaban de abandonar Libia esta semana. A pesar de la insistencia de las autoridades de su país de origen para que regresen, cerca de 2.000 enfermeros/as y un centenar de profesores filipinos prefieren enfrentarse al riesgo de la violencia en Libia antes que encontrarse sin trabajo en Filipinas – una elección que dice mucho sobre las dificultades económicas en los países de origen que empujan a los migrantes a afrontar todo tipo de riesgos.
Hoy día, familias enteras de migrantes subsaharianos se esconden en sus casas por temor a encontrarse bajo el fuego de los combates o a convertirse en blanco de ataque debido al color de su piel, confundidos con los mercenarios africanos reclutados por Gadafi. Según Human Right Watch, decenas de arrestos de africanos subsaharianos han tenido lugar estos últimos días en las zonas controladas por los rebeldes.
Varios centenares de migrantes subsaharianos llegan cada día a la frontera tunecina para encontrarse en campos donde miles de sus compatriotas, sobre todo eritreos, somalíes y etíopes están ya apiñados.
Otros han huido hacia el sur a través del desierto en condiciones inhumanas, víctimas del crimen organizado, hasta ir a parar a Agadez, cruce de caminos que une el Magreb con África occidental, a 1.000 km. al sur de la frontera de Libia. Una vez en Níger, de donde proceden o donde hacen tránsito hacia otros países de África occidental, se encuentran que no son bienvenidos debido al marasmo económico que atraviesa el país.
Cerca de 20.000 argelinos y marroquíes han podido ser evacuados por barco gracias a la cooperación entre las autoridades marroquíes, argelinas y tunecinas. Pero todavía deben de quedar unos 180.000 migrantes argelinos y marroquíes en Libia.
Desde mediados de enero, alrededor de 20.000 migrantes, en su mayoría tunecinos, aunque también eritreos, somalíes y etíopes, se han lanzada a la mar para llegar a su pequeña isla italiana de Lampedusa, tan sólo a 113 kilómetros de las costas africanas. Más de 6.000 de ellos se encuentran en unas condiciones higiénicas deplorables y degradantes.
Recordemos que el Gobierno de Berlusconi llegó en 2010 a un acuerdo con el Coronel Gadafi sobre la compensación financiera de 5.000 millones de dólares a cambio del fortalecimiento por parte de Libia del control de sus costas y la aplicación de una política de retorno de esos “inmigrantes ilegales”, que, en muchos casos, no son otra cosa que refugiados que huyen de la dictadura libia.
Dejando a Italia abordar sola el problema, de manera bilateral y exclusivamente securitaria, sin aplicar los procedimientos en materia de derechos humanos elementales, la Unión Europea sigue mostrándose incapaz de aportar una respuesta a esta crisis que se ha convertido estas últimas semanas en una emergencia humanitaria candente. Ayer mismo doce migrantes sin papeles fallecieron ahogados frente al puerto tunecino de Sfax.
“La comunidad internacional debe afrontar esta crisis histórica de manera coordinada y respetando el Derecho Internacional. Debe poner fin a la confusión entre inmigración “ilegal” y derecho humano al asilo político tal como lo dispone el Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, solicita Sharan Burrow.
“En primera línea geográfica, Europa tiene que desarrollar con carácter de urgencia una política coordinada y solidaria. Ya es hora de salirse del enfoque puramente securitario que acondiciona el terrero para la xenofobia y las violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes”, declara la Secretaria General de la CSI.
Para el movimiento sindical internacional, las políticas globales de apoyo a la transición democrática y al desarrollo económico en Túnez y Egipto son indisociables del establecimiento de políticas migratorias coherentes y humanas. “La comunidad internacional debe aprovechar esta oportunidad histórica para ayudar a estos dos países que han tenido el valor de derrocar a sus regímenes dictatoriales. La construcción de una verdadera democracia portadora de desarrollo económico y justicia social es la única forma de proporcionar un futuro a una juventud para la cual la inmigración no fue más que una escapatoria ante la ausencia de libertades y perspectivas de futuro”, continúa Sharan Burrow.
