El informe concluye que todavía no se reconocen el derecho de sindicalización, de negociación colectiva y huelga a los funcionarios y trabajadores de empresas estatales. La sindicalización y la negociación colectiva se socavan aún más debido al aumento del número de trabajadores irregulares y de titulares de contratos de duración determinada: de acuerdo con la encuesta más reciente, el número de trabajadores en situación irregular ha aumentado, y representa al 34,5 por ciento de los trabajadores y trabajadoras japoneses.
El informe también observa una considerable brecha salarial de género. La remuneración media mensual de las mujeres en 2009 fue de 226.100 yenes (2.005 euros), mientras que los hombres ganaron 333.700 yenes (2.960 euros).
Aunque el trabajo forzoso no es un problema generalizado, existen casos de servidumbre por deudas en el programa de prácticas internacionales de Japón, que necesitan ser investigados con urgencia. Estas deudas se contraen en el marco de contratos entre los participantes en las prácticas y las agencias de envío de sus países de origen. En Japón, estos aprendices o alumnos han sido objeto de explotación en condiciones de trabajo extremadamente deficientes, que pueden implicar salarios muy bajos y largas jornadas de trabajo.
Además, la trata de personas, principalmente de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual o trabajo forzoso sigue siendo un problema.
