El 22 de enero 2011, una explosión en la mina Mindeli en Tkibuli se cobró la vida de un minero y dejó a varios otros con heridas graves que requieren cuidados intensivos. El accidente no fue realmente una sorpresa, ya que se había informado que existía una concentración de gas metano superior al 6%. Los mineros se negaron a bajar a la mina, pero fueron obligados por la dirección de la empresa. Los días anteriores, otras dos brigadas se vieron igualmente obligadas a bajar al pozo a pesar de las condiciones obviamente peligrosas.

El récord sombrío de esta forma de funcionamiento de la empresa no deja augurar nada bueno para el futuro: nueve vidas perdidas en los últimos nueve meses y muchos más mineros heridos. También revela el cinismo profundamente arraigado y la falta de todo sentido de responsabilidad que aqueja a las condiciones de "hacer negocios" en Georgia. Este panorama no resulta sorprendente si se tiene en cuenta la legislación laboral sin parangón con la que cuenta el país, la cual vulnera los derechos de los trabajadores y los derechos sindicales, desalienta la negociación colectiva y ha acabado con todo tipo de supervisión y control de las condiciones de trabajo, así como con las instituciones especializadas para tal fin. Georgia es el único país en el que se ha abolido la inspección del trabajo. No sorprende, pues, que la legislación laboral de Georgia sea blanco de quejas y críticas de parte de la OIT desde su aprobación en 2006.

Después del último incidente en la mina Mindeli de Tkibuli, los trabajadores se declararon en huelga para proteger sus derechos y los derechos de las víctimas de la política irresponsable de la dirección.

La CSI está muy preocupada por los acontecimientos en Georgia, los cuales están empezando a influir en el sistema de relaciones laborales emergentes en otros países de la región. La CSI apoya firmemente las acciones de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, Minas y Productos Químicos, miembro de nuestra afiliada GTUC, para hacer que la dirección de la empresa y las autoridades respeten los derechos de todos los trabajadores de Georgia. La CSI también sigue ejerciendo presión en apoyo de las recomendaciones de la OIT para que la legislación laboral y la conexa respecten las normas internacionales del trabajo. En su segunda reunión, el Departamento de Derechos Humanos y Sindicales de la CSI incluyó a Georgia como uno de los países en el que los derechos de los trabajadores están en riesgo.

"Ahora los sindicatos han sido reconocidos y se ha firmado un convenio en Tkibuli, pero sólo después de que los trabajadores emprendieran una acción colectiva radical. Hay numerosas empresas en Georgia que niegan sus derechos a los trabajadores", afirmó Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI. "Esta situación debe cambiar. La legislación laboral debe estar en conformidad con las obligaciones internacionales de Georgia, debe ponerse fin a la presión sobre los sindicalistas y debe restablecerse el organismo especial para la supervisión de las condiciones de trabajo", agregó.