Bruselas, 5 de marzo de 2007: Al estar el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio evaluando esta semana en Ginebra las políticas comerciales de Australia, en un nuevo informe (inglés) de la CSI se ponen de relieve las negativas repercusiones que tienen en la fuerza laboral de ese país las leyes gubernamentales sobre las relaciones laborales, leyes que imponen graves restricciones a las normas del trabajo internacionalmente reconocidas.
En el informe se critican las leyes del gobierno australiano sobre las relaciones laborales (leyes sobre “opciones de trabajo”), en virtud de las cuales Australia se convierte en el único país desarrollado donde los empleadores pueden negarse a negociar con un sindicato inclusive cuando sus empleados están afiliados al mismo y desean que el sindicato los represente. En el informe se documentan las graves limitaciones legales que se imponen a los trabajadores australianos sobre sus derechos básicos de sindicación y las estrictas restricciones que impone la ley sobre los puntos que pueden incluirse en la negociación colectiva, violando las normas de la Organización Internacional del Trabajo que Australia ha ratificado. En el informe se citan también evidencias recientes sobre el hecho de que desde que se promulgaran las nuevas leyes en Australia los ingresos de las mujeres bajaron, pasando a situarse en un nivel inferior al costo de vida, y está aumentando la diferencia entre los salarios de las mujeres y de los hombres.
“El gobierno australiano se equivoca al pretender que es necesario imponer estas restricciones sobre los derechos fundamentales para competir en la economía mundial. En realidad, otros países industrializados se están abocando a invertir en calificaciones y capacidad productiva, además de mejorar la infraestructura nacional, en lugar de procurar competir con países en vías de industrialización de bajos salarios”, dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI.
“Este informe muestra que no se están cumpliendo las promesas que Australia le hiciera a la Organización Mundial del Comercio (OMC) de respetar las normas internacionales del trabajo”, agregó.
El informe de la CSI enuncia una serie de ejemplos de trabajadores que se ven perjudicados por las nuevas leyes australianas al verse obligados a aceptar contratos individuales de empleo, una de las piedras fundamentales de las leyes. También se plantea el caso de los trabajadores de la construcción de Australia occidental, que están en juicio con el gobierno federal y que corren el riesgo de que se les apliquen elevadas multas por haber hecho huelga para defender a un compañero despedido.
Una investigación que se menciona en el informe muestra que los salarios reales de las mujeres del sector privado bajaron un 2 por ciento entre marzo y agosto, mientras que la reducción que se le hizo a los hombres fue de alrededor de 1,2 por ciento. Esto se debe en parte a que hay una mayor proporción de mujeres en trabajos menos remunerados del sector de servicios o tareas administrativas. Se critica que no hay una adecuada protección legislativa federal para las trabajadoras y trabajadores jóvenes y se señala también en el informe que en Australia unas 1.000 personas son víctimas anualmente de trata de personas, especialmente en la industria del sexo.
“Este informe muestra en qué medida Australia está cayendo por debajo de los niveles mundiales de trabajo decente y sabemos por experiencia que, cuando los países se encaminan por esa vía, la desigualdad y la explotación se acrecientan indefectiblemente”, dijo Ryder.
La CSI, fundada el 1 de noviembre de 2006, representa a 168 millones de trabajadores de 153 países y territorios y cuenta con 304 afiliadas nacionales:
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