El informe encontró que la legislación nacional debía ser actualizada y enmendada con objeto de ofrecer una mejor protección legal a los trabajadores y trabajadoras, así como para brindar asistencia a los niños que trabajan y a las víctimas de la trata de personas y el trabajo forzoso.
Las prácticas antisindicales son generalizadas en la industria maderera, reputada por unos salarios extremadamente bajos y pésimas condiciones de trabajo, incluyendo el recurso a la servidumbre por deudas y alojamientos donde los trabajadores se hacinan en condiciones higiénicas deplorables.