La delegación denunció la farsa electoral que tendrá lugar el domingo 7 de noviembre, ya que no dará lugar a la restauración de la democracia ni a que se logre el respeto de los derechos humanos para el pueblo de Birmania. Efectivamente, las elecciones sirven para reforzar la impunidad. Los protestantes condenaron enérgicamente el constante uso que hace el régimen militar birmano de unas medidas represivas y restrictivas para asegurarse de que el resultado de las elecciones generales del 7 de noviembre perpetúe el control militar del país.
En todas las elecciones generales inclusivas, libres y justas es esencial que haya una supervisión electoral internacional y una cobertura mediática independiente. En septiembre, la comisión electoral canceló la votación en más de 3.400 pueblos de los Estados de Kachin, Kayah, Kayin, Mon y Shan. Se estima que cerca de 1,5 millones de personas se han visto privadas del derecho a voto mediante esta acción, y otras muchas sufren la misma suerte como consecuencia de unas leyes electorales por las cuales los partidos de la oposición y los activistas democráticos quedan excluidos de participar libremente en las campañas y en la votación. Miles de personas que han apoyado la democracia y los derechos humanos permanecen encarceladas. El 27 de septiembre el Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon declaró que las elecciones no serían verídicas sin la liberación de los prisioneros políticos, entre ellos la líder del movimiento pro-democracia Aung San Suu Kyi.
La CSI, junto con organizaciones de los derechos humanos, renueva la petición de que se libere inmediatamente a los 2.200 prisioneros políticos, incluidos los activistas sindicales.
El escenario post-electoral es espantoso. Las disposiciones de la Constitución (de 2008) no concuerdan con los principios democráticos. La Constitución estipula una justificación legal para la impunidad, incluso la inmunidad retroactiva de ser procesado. Se siguen cometiendo en Birmania graves crímenes internacionales, como son los asesinatos extrajudiciales, el trabajo forzoso, torturas, violaciones y el reclutamiento de niños soldado. Apoyamos una Comisión de Investigación dirigida por Naciones Unidas cuya misión sea examinar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad que se han cometido en Birmania. Los crímenes son crímenes y las elecciones son elecciones. Las comisiones de investigación han de ser consideradas como un proceso legal y no como un tipo de sanción. Independientemente del resultado de las elecciones, se sigue necesitando, con carácter de urgencia, protección frente a los crímenes y justicia para las víctimas.
La CSI insta al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC, por sus siglas en inglés) a que elimine la prohibición de los sindicatos y que les dé a los trabajadores/as de Birmania la oportunidad de expresarse, para que allí se aplique en la teoría y en la práctica la libertad sindical y para terminar con el trabajo forzoso tal como lo prometió mediante su Ratificación del Convenio 29 sobre trabajo forzoso y sus posteriores compromisos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Gobiernos y empleadores, al igual que sindicatos de todo el mundo, han de apoyar el lanzamiento de una Comisión de Encuesta del Consejo de Administración de la OIT respecto a la Libertad Sindical en Birmania.
La CSI insta a la comunidad internacional, a través del Consejo de Seguridad de la ONU, a que apruebe un embargo total de armas a Birmania y apoye una Comisión de Investigación de Naciones Unidas con mandato para examinar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.
La CSI asegura a las autoridades militares que los sindicatos seguirán haciendo campaña para conseguir estos resultados, para que se respeten y se apliquen plenamente los derechos humanos de todo el pueblo de Birmania.
“La democracia no significa nada para la junta militar”, dijo Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI. “Han de tomarse todas las medidas necesarias con el objetivo de hacer presión sobre el régimen para acabar con todas las formas de trabajo forzoso, para liberar a todos los prisioneros políticos, incluidos los activistas sindicales, y para que se respeten los derechos democráticos del pueblo birmano. En Birmania se necesita urgentemente una verdadera justicia social.”
