La legislación de Honduras establece el derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamente, sin embargo, existen muchas restricciones legales, por lo que en la práctica resulta difícil para los trabajadores y trabajadoras ejercer estos derechos, especialmente en las zonas francas de exportación. Los actos de discriminación antisindical son habituales y permanecen en la impunidad. Se han producido numerosos ataques contra los sindicatos, y durante las protestas fueron asesinados 12 sindicalistas, algunos en su propio hogar después del golpe de Estado.
Aun cuando la ley prohíbe la discriminación por motivos de género, las mujeres reciben una remuneración inferior por un trabajo de igual valor, y están desproporcionadamente concentradas en puestos de trabajo de poca cualificación. El trabajo infantil es habitual sobre todo en la agricultura, la minería, en los talleres y en el servicio doméstico. La trata de personas con fines de explotación laboral no está prohibida, y el trabajo forzoso está presente en el país. Son escasas las inspecciones que se realizan para vigilar el cumplimiento de las leyes laborales, incluidas las relativas al trabajo infantil y al trabajo forzoso.