Bruselas, 9 de abril de 2009: La CSI ha condenado el arresto por parte de la Junta militar birmana de cinco delegados del 1er Congreso Nacional de la Federation of Trade Unions of Burma (FTUB). El arresto se llevó a cabo cuando los delegados volvían a casa después del Congreso, que finalizó el 24 de marzo. La CSI tiene entendido que la Organización Internacional del Trabajo de la ONU ha intervenido ante las autoridades birmanas para intentar lograr su liberación.

Los arrestados son:

U Zaw Myint Aung (49 años, profesor, South Okkalapa, Rangún)
U Soe Oo (37 años, trabajador, fábrica textil, Shwe Pyi Thar, Rangún)
Maung Tun Nyein (22 años, trabajador, fábrica textil Shwe Hninsi, Hlaing Thayar, Rangún)
Sra. Khine Lin Myat (22 años, trabajadora, fábrica textil UMH)
Sra. Shwe Yi Nyunt (25 años, asistente de enfermería, estudiante de Derecho, University of Western Rangoon y miembro del Comité de Mujeres de la FTUB).

En una carta al líder de la Junta, Than Shwe, la CSI ha expresado además su preocupación por el hecho de que familiares de los detenidos también hayan sido arrestados y puestos bajo coacción para obligar a los cinco delegados a cumplir con las demandas del régimen. A la CSI le preocupa que los detenidos corran serios riesgos de ser torturados en el famoso sistema de detención birmano.

“Esto es otra grave violación más de los derechos fundamentales por parte de los gobernantes militares de Birmania. La FTUB es una organización sindical legítima implicada en la defensa y promoción pacíficas de los derechos de los trabajadores. Este último acto vuelve a demostrar la determinación de la Junto de bloquear cualquier forma de actividad democrática y de restringir severamente todo tipo de disensión con su mano de hierro. Solicitamos la liberación inmediata e incondicional de los detenidos y que se ponga fin a la intimidación y las amenazas contra sus familias,” dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI.

El histórico Congreso de tres días de la FTUB confirmó la legitimidad democrática del movimiento sindical del país, que ha trabajado desde su fundación, en 1991, por acabar con las violaciones de los derechos sindicales fundamentales y otros derechos humanos, sobre todo terminar con el uso sistemático del trabajo forzoso que practica el ejército. Según información recibida por la CSI, la Junta sigue utilizando el trabajo forzoso, inclusive en proyectos de reconstrucción tras el devastador Ciclón Nargis de mayo de 2008.

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