La empresa estatal de ferrocarril de Tailandia ha estado persiguiendo despiadadamente por vía judicial a los trabajadores del SRUT que llevaron a cabo una campaña nacional de seguridad ferroviaria tras el fatal descarrilamiento de un tren en octubre de 2009 en la estación de Khao Tao. Las autoridades tailandesas también han tomado represalias contra los trabajadores, en particular a través de la Oficina de la Comisión Nacional de Anticorrupción.
Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, ha expresado: “Es una absoluta vergüenza que las autoridades estatales estén dispuestas a trastocar el Estado de derecho para perseguir a un grupo de trabajadores del sector ferroviario que simplemente han estado tratando de proteger a los pasajeros y a sus compañeros de trabajo de una peligrosa incompetencia por parte de la alta dirección del sistema ferroviario. Estamos ante un ataque descarado a los derechos fundamentales de los trabajadores, ante un uso indebido de los tribunales y ante un comportamiento deshonesto por parte del propio organismo que se supone debe erradicar la corrupción. Nos unimos a la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte para exigir la inmediata puesta en libertad de los trabajadores, la retirada de todos los cargos contra ellos y la devolución de los salarios que las autoridades les quitaron fraudulentamente a siete de los trabajadores”.
Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia como una investigación interna de determinación de los hechos concluyeron que el descarrilamiento se produjo principalmente debido a las malas condiciones de mantenimiento y seguridad de la locomotora.
Por decisión del Tribunal Supremo del Trabajo en 2017, desde noviembre de 2018 se han venido deduciendo los salarios mensuales de siete dirigentes del SRUT para pagar a la SRT multas de 24 millones de bahts (726.116 USD) por supuestos daños y perjuicios derivados de la campaña que el sindicato llevó a cabo en 2009. Esto supone un castigo colectivo para los trabajadores y sus familias. La empresa SRT tiene que retirar las multas y reembolsar los sueldos de los siete dirigentes del SRUT. También debe garantizar que los dirigentes del SRUT reciban una indemnización completa por la pérdida de salarios y prestaciones que no han recibido desde su reincorporación. La CSI y la ITF continuarán apoyando al SRUT 13 y sus familias, que han pagado una fianza para apelar esta sentencia.
