China: algunos progresos, pero persiste la explotación de los trabajadores con fines comerciales

Un nuevo informe de la CSI publicado hoy sobre el respeto de las normas fundamentales del trabajo en China muestra que siguen dándose graves violaciones de todas las normas fundamentales del trabajo en el país. El informe ha sido elaborado para coincidir con la revisión de la política comercial de China en la OMC los días 21 y 23 de mayo.

Bruselas, 22 de mayo de 2008 : Un nuevo informe de la CSI publicado hoy sobre el respeto de las normas fundamentales del trabajo en China muestra que siguen dándose graves violaciones de todas las normas fundamentales del trabajo en el país. El informe ha sido elaborado para coincidir con la revisión de la política comercial de China en la OMC los días 21 y 23 de mayo.

La nueva Ley sobre el contrato de trabajo, que entró en vigor el 1 de enero de 2008, ha producido un espectacular aumento en casos de arbitraje en algunas partes del país, como Cantón, donde se fabrica gran parte de la producción para la exportación. La mayoría de los distritos de Cantón ha registrado un aumento de tres a cinco veces el número de casos, y uno de sus distritos, Haizhu, ha experimentado un aumento del 1500%. Más del 60% de los nuevos casos de arbitraje en Cantón se refieren a la falta de pago de salarios y horas extraordinarias. Entre 2005 y 2007, los atrasos salariales en toda China ascendieron según los cálculos a 66 mil millones de yuanes. Muchos de los afectados son trabajadores migrantes del interior procedentes de las regiones más pobres de China, a menudo en el sector de la construcción.

La nueva ley, que fue apoyada por la central sindical oficial china ACFTU, fue elaborada para poner remedio a la situación actual, en la que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras siguen trabajando sin firmar un contrato, y los que han firmado uno, por lo general no reciben una copia. Una reciente encuesta realizada por el Congreso Nacional del Pueblo concluyó que menos del 20 % de las pequeñas y medianas empresas privadas firman un contrato con sus trabajadores. La ley prevé sanciones para las empresas que no respeten las leyes laborales y los reglamentos relativos a los contratos y también intenta reglamentar el uso cada vez más importante de la subcontratación en China.

La ley ha dado lugar a gran oposición por parte de los empresarios y las multinacionales en China, incluso en el período anual de sesiones de la Asamblea Popular Nacional, en marzo de 2008, y de hecho las Cámaras de Comercio de EE.UU. y la Unión Europea en China se opusieron durante gran parte de las etapas de su preparación. La mayoría de las 91 pequeñas empresas encuestadas para un estudio de febrero de 2008 afirma que la ley ha aumentado sus costos de mano de obra en al menos un 10%. Otra muestra de 45 empresas chinas, sobre todo en los sectores manufacturero y de servicios, concluyó que el 56,1% estaba en desacuerdo con la nueva ley, mientras que el 70,73% deseaba que se modificara. Una proporción significativa de los encuestados dijo que respondería a la ley intensificando el recurso a la subcontratación y a las agencias de contratación de mano de obra temporal. Existen claros indicios de que muchas empresas siguen adoptando medidas para reducir al mínimo los costos laborales, pese a las nuevas leyes. Aun antes de la introducción de las nuevas leyes en enero, muchos empleadores eran conocidos por pagar salarios inferiores al mínimo y recurrir a prácticas de explotación como la imposición de horas extraordinarias obligatorias, como figura en el informe de mayo de 2007 de la CSI y su socios de la Campaña Juega limpio 2008 relativa a la producción de mercancías para los Juegos Olímpicos http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/playfair_2008.ES.pdf

De hecho, parecería que desde enero de 2008 las empresas reaccionan a la nueva ley mediante diversas tácticas, incluyendo el uso de formas más encubiertas para reducir el número de trabajadores, especialmente los que gozarían de más derechos en virtud de la ley; intensificando el uso de mano de obra temporal; la retrogradación de los trabajadores más antiguos y así sucesivamente. Algunos informes mencionan el traslado de cadenas de producción de escaso valor añadido de Guangdong hacia las regiones centrales y occidentales del país, o incluso hacia el extranjero. De esta forma, los empleadores pretenderían reducir por anticipado los costes que se derivan de la nueva legislación.

En el informe señala que las trabajadoras y los trabajadores siguen sin tener la posibilidad de afiliarse a un sindicato de su elección, mientras que el sindicato oficial del partido vela por todos los medios por preservar la estabilidad social en el país. Siguen reprimiéndose las tentativas de formación de sindicatos independientes y la negociación colectiva real sigue siendo extremadamente limitada. Aunque no estén autorizadas legalmente en China, con regularidad estallan huelgas en respuesta a las difíciles condiciones en las que se encuentran las trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, las acciones colectivas a menudo son reprimidas por las fuerzas del orden.

En los últimos meses, se registró un recrudecimiento del trabajo infantil y del trabajo forzoso, especialmente en las empresas que tratan de evadir la legislación laboral que regula el trabajo estacional. Uno de los casos más graves señalados es el de una investigación de gran alcance realizada por las autoridades gubernamentales en las ladrilleras de la provincia de Shanxi, a raíz de la publicación en 2007 de un llamamiento en Internet de padres de niños desaparecidos, que permitió la liberación de cerca de 1340 trabajadoras y trabajadores explotados según el régimen de trabajo forzoso, y a menudo no remunerado. Entre ellos se encontraban personas que sufrían de discapacidades mentales y niños, cuya mayoría habían sido secuestrados y eran víctimas de tráfico en el interior del país.

En abril de 2008, los medios de comunicación revelaron otro gran escándalo que implicaba el trabajo infantil forzoso. La acción condujo al desmantelamiento de una red de tráfico de niños procedentes mayoritariamente de las regiones centrales y pobres de China y explotados en la zona económica especial del delta del río Pearl. Se rescataron más de cien niños de entre 13 y 15 años de edad (algunos tenían apenas 9 años) en varias fábricas de la ciudad de Dongguan, uno de los principales centros de producción del sur del país. Estos niños eran explotados hasta 300 horas por mes y se les remuneraba alrededor de 0,50 de dólar la hora. Responsables del gobierno indicaron que estaban investigando informes según los cuales centenares de niños procedentes de zonas rurales eran forzados a trabajar en condiciones tremendas por salarios miserables. Según la agencia de información del Estado, no menos de mil niños en edad de estar escolarizados, procedentes de la región de Liangshan, en el suroeste de China, trabajaban en zonas de producción situadas cerca de Hong Kong. Las autoridades de Liangshan indicaron que habían detenido a varias personas sospechosas de reclutar niños y transportarlos ilegalmente hasta las fábricas.

Según el informe, la desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo importante, con una diferencia salarial entre géneros estimada en un 20%. La discriminación respecto a las minorías étnicas representa también un problema, en particular, en las regiones autónomas de Xinjiang Uighur y del Tíbet, donde las políticas en materia de empleo favorecen a los chinos de la etnia han.

Las trabajadoras y trabajadores migrantes dentro del país siguen siendo desfavorecidos en China. Se considera que entre 120 y 150 millones de ciudadanos chinos procedentes de zonas rurales se emplean en las grandes ciudades chinas y las zonas económicas especiales situadas en las costas, lejos de sus pueblos. Se considera que también cada año emigran a las ciudades entre 7 y 10 millones de personas y que un 60% de estos migrantes trabajan en un lugar distinto a su provincia de origen. Su libertad de movimiento se ve severamente limitada en virtud del sistema "hukou", una forma de registro de los hogares donde cada miembro de una familia se registra en función de su residencia familiar. Este sistema plantea graves problemas, ya que una persona que reside ilegalmente en una zona urbana no tiene derecho a acceder a la educación, la atención médica, la vivienda ni a otros servicios públicos esenciales.

Otro problema capital es el recurso cada vez más importante al trabajo infantil en el marco de los “programas de trabajo/estudio”, en los que en realidad se explota a los niños en fábricas o en la agricultura con el pretexto de que así contribuyen a los gastos de su educación. Se calcula que actualmente participan en estos programas 400.000 niños. La ONG Human Rights Watch indicó, en particular, un caso donde 500 niños de una escuela media de Sichuan trabajaban en tunos de 14 horas en una fábrica durante las vacaciones de verano. Estos niños eran obligados a dormir en dormitorios superpoblados, no se les alimentaba adecuadamente, sufrían de problemas de salud causados por el trabajo y se les imponían multas en caso de fallas en los productos acabados. Siguen llegando informes acerca de la explotación forzosa de niños en la cosecha de algodón en la región autónoma de Xinjiang Uighur (XUAR) y la provincia de Gansu, víctimas de horarios de trabajo excesivos y una remuneración mínima.

Los períodos de prácticas de formación también son utilizados como subterfugio para explotar a niñas y niños en las fábricas. Los periodos de prácticas pueden en algunos casos prolongarse varios meses, como en los casos de la fábrica de componentes Longzhen, en Dongguan, o la empresa Yonghong Electronics, en Shenzhen, donde, según un informe publicado en 2006, niños de entre 14 y 15 años contratados como “aprendices” eran obligados a hacer horas extraordinarias por una remuneración miserable, cuando estaban en edad de asistir a la escuela.

En virtud del sistema de “rehabilitación por el trabajo”, se obliga a los presos a trabajar durante largas horas por una remuneración mínima o nula. Asimismo, pueden ser subcontratados a empresas fuera del sistema penitenciario. No existe ningún mecanismo para prevenir la exportación de bienes fabricados en tales condiciones.

El informe de la CSI concluye con una serie de 12 recomendaciones dirigidas al gobierno de China y a la OMC. Puede accederse al texto completo del informe cliqueando aquí


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