Bruselas, 11 de abril de 2008: Respondiendo a las inquietudes respecto a una posible implosión del sector financiero y una importante desaceleración económica global, la CSI y sus asociados en la Agrupación Global Unions pidieron al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, durante las Reuniones de Primavera de 2008, que ambas instituciones destinen una ayuda considerablemente superior para aquellos países que intentan proteger a sus trabajadores y ciudadanos, particularmente los más vulnerable, frente al impacto de la crisis económica.

“Sin una respuesta política firme y coordinada, el dramático incremento de la incertidumbre financiera y económica que se ha venido produciendo desde mediados de 2007 conducirá a un aumento del desempleo, un deterioro del nivel de vida y una mayor pobreza, que afectarán particularmente a las mujeres y en muchos países”, afirmó el Secretario General de la CSI Guy Ryder, “El FMI y el Banco Mundial deben apoyar medidas para incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores con ingresos más bajos”.

En una declaración de la Agrupación Global Unions publicada el 11 de abril, el movimiento sindical internacional exhorta al FMI y al Banco Mundial a que modifiquen sus prioridades, pasando de promover la desregulación, incluyendo la desregulación del mercado laboral utilizando el informe del Banco Doing Business, a favor de políticas que promuevan la ceración de trabajo decente. La Agrupación Global Unions propone a las instituciones financieras internacionales (IFI) un programa político que pueda brindar apoyo, en lugar de ser impuesto, a los países en desarrollo. Específicamente, la Agrupación Global Unions insta a las IFI a apoyar a aquellos países que intentan controlar los flujos de capital desestabilizador, que requieren asistencia financiera de emergencia para superar problemas en la balanza de pagos, que se esfuerzan por mejorar la protección social, y que conceden protección laboral y derechos sindicales a los trabajadores/as no protegidos.

La Agrupación Global Unions invita al FMI, en particular, a adoptar medidas para contribuir a proteger a los Estados frente a la desaceleración global, por ejemplo brindando asistencia para compensar el impacto del fuerte incremento en los precios de los productos alimenticios y energéticos, una nueva facilidad de créditos de emergencia para países que atraviesen dificultades financieras, y medidas para proteger las economías nacionales frente a los movimientos de capital especulativo desestabilizadores. “Hace exactamente un año, las IFI se habrían contentado con dejar que las fuerzas del mercado resolviesen crisis de este tipo”, comentó Ryder, “Pero durante la reciente reunión del G7, hasta el Director Gerente del Fondo reconoció la importancia de un estímulo fiscal coordinado para responder a la actual recesión económica global”.

La declaración considera que el FMI ha de tener un papel destacado, no sólo para responder a la actual crisis, sino también para prevenir otras nuevas. En su declaración, la Agrupación Global Unions invita al FMI a tomar la iniciativa desarrollando nuevos marcos regulatorios internacionales para controlar las actividades en gran parte no reguladas y los nuevos instrumentos financieros que contribuyeron al estallido de esta crisis.

Respecto a otras cuestiones a más largo plazo, la declaración reconoce que se han logrado progresos por parte del Banco Mundial al imponer el requisito de que ciertos de sus proyectos se implementen en conformidad con las normas fundamentales del trabajo. Sin embargo, cuestiona el compromiso del Banco para hacer que se apliquen dichas normas, particularmente en un importante momento como éste, cuando el Banco Mundial está intentando delegar mayor responsabilidad en los países prestatarios respecto a las normas de adquisiciones en los proyectos financiados por el Banco.

La declaración reitera igualmente una reivindicación constante tanto por parte de los sindicatos como de otras organizaciones de la sociedad civil, y que sigue sin obtener respuesta: que las IFI dejen de utilizar la condicionalidad de política económica para exigir a los países en desarrollo que lleven a cabo reformas altamente perjudiciales.

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