Dos años después de que 259 trabajadores murieran el 11 de septiembre en el incendio de una fábrica propiedad de Ali Enterprises en Karachi, Pakistán, el gobierno sigue sin hacer público el informe de la comisión oficial creada para determinar las causas y la responsabilidad de aquella tragedia.
Ali Enterprises no estaba registrada con arreglo a la Ley de Fábricas de Pakistán; la estructura del edificio no estaba aprobada legalmente por la autoridad de construcción; la mayoría de los trabajadores carecían de cartas de contratación; todos estaban sujetos a un sistema ilegal de subcontratación a través de un tercero, realizando entre 10 y 14 horas diarias sin cobrar horas extraordinarias. Y, al no haber sindicato, no existía derecho a la negociación colectiva.
Tras pasar cinco meses en la cárcel, los propietarios de Ali Enterprises fueron puestos en libertad bajo fianza. Muchos de los trabajadores y las familias de los afectados por el incendio no han recibido todavía ninguna indemnización; otros han cobrado pequeñas sumas que no llegan a cubrir la pérdida de ingresos para los supervivientes y sus familias.
La falta de un control efectivo y la total injusticia quedaron de manifiesto al revelarse que la fábrica había recibido la aprobación de una compañía internacional de auditoría social tan sólo dos semanas antes de desatarse el infierno, en la que se certificaba que todo se ajustaba a las normas.
Más de 600 trabajadores quedaron atrapados en el interior de la fábrica, que carecía de sistema de extinción de incendios y donde todas las ventanas estaban cerradas y cubiertas con barras de hierro y todas las puertas de salida cerradas con llave, impidiendo que los trabajadores pudiesen escapar.
Monika Kemperle, Secretaria General Adjunta de la Federación Sindical Internacional que representa al sector, IndustriALL, indicó que: “No sólo en Bangladesh hay fábricas de textil inseguras. Los problemas son numerosos y complejos en Pakistán, donde no existe un Acuerdo sobre seguridad contra incendios y de los edificios que establezca normas legalmente vinculantes”.