“Promover el crecimiento y el trabajo es nuestra máxima prioridad. Decidimos fomentar la recuperación mundial apoyando la demanda, salvaguardando nuestras finanzas públicas y explotando toda fuente de crecimiento. La lucha contra el desempleo, en especial el juvenil y el de larga duración, sigue siendo fundamental en nuestras agendas nacionales y colectivas”.

Al comentar las conclusiones, la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, señaló que las palabras deben verse reflejadas en las políticas:

"El objetivo del G8 ha cambiado: desde las medidas de austeridad a una política fiscal ‘flexible’ y la necesidad de apoyar la demanda. Esto debe venir respaldado por un cambio de las políticas sobre el terreno. Cuando los ministros de economía y trabajo del G20 se reúnan el mes que viene en Moscú, deben presentar un plan de empleo que incluya un considerable aumento de la inversión en infraestructuras y una recuperación centrada en los ingresos".

Al admitir la vulnerabilidad económica y social y los riesgos de contracción, así como las medidas para la recuperación que Japón ha aplicado, los gobiernos del G8 deben extraer las conclusiones correctas y reforzar las políticas que garanticen una distribución justa de los ingresos, una reducción del desempleo, especialmente entre los jóvenes, y una mayor resistencia de la economía mundial. El G8 hizo hincapié específicamente en las reformas estructurales como estrategia clave. Según John Evans, el secretario general de la TUAC, debe haber un cambio en el programa de reformas estructurales:

"El comunicado del G8 pide que las reformas estructurales generen "mercados laborales sanos", lo cual probablemente signifique crear mercados laborales justos mediante políticas que reduzcan la desigualdad reforzando, y no combatiendo, la negociación colectiva y los salarios mínimos".

En lo relativo a los impuestos, los compromisos de los líderes del G8 constituyen un grato aunque modesto paso adelante que contrasta con la inactividad del pasado. Los líderes acordaron un intercambio automático de información entre las autoridades fiscales y la creación de una nueva “plantilla común” para que las multinacionales den parte a las autoridades fiscales (aunque todavía no al público general) de lo que pagan en impuestos “en todo el mundo”. Asimismo, estuvieron de acuerdo en aumentar la transparencia de los pagos de las industrias extractivas y tener como objetivo el revelar “quién es el propietario real” de las empresas y fideicomisos. Sin embargo, aunque la declaración pide a la OCDE que trabaje el tema de la transparencia fiscal, así como la erosión de la base imponible y la transferencia de activos de las multinacionales para evadir impuestos, el resultado de la cumbre del G8 no contempla una hoja de ruta ni fija metas claras para transformar los compromisos en acciones efectivas.

"Parece que se han logrado algunos avances en lo relativo al intercambio automático de información, la propiedad efectiva y la transparencia, pero el acuerdo se queda corto en lo que es necesario para actuar eficazmente en busca de un sistema justo de tributación corporativa internacional”, concluyó la señora Burrow.