Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, afirmó que “Tras años de inacción, el Gobierno está tratando de callar las críticas a un sistema que ha costado miles de vidas y ha mantenido los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la confección del país a un dólar diario para aumentar los beneficios de las empresas. Las modificaciones que se están debatiendo en el Parlamento no van a cambiar esta situación, de modo que los principales socios comerciales, incluyendo los EE.UU. y la UE tienen que incrementar su presión ahora para que se haga una verdadera reforma”.

Los 360.000 trabajadores y trabajadoras de las ocho zonas francas industriales del país seguirán excluidos de la cobertura de la legislación laboral y se verán relegados a una ley especial que prohíbe a los trabajadores incluso la formación de un sindicato. Mantener estas zonas libres de sindicatos parece ser una de las promesas hechas a los inversores que se han establecido en estas zonas.
“Con tantos dueños de fábricas ocupando escaños en el Parlamento, no es de extrañar que los derechos de los trabajadores sigan sido reprimidos”, señaló Sharan Burrow.

Una de las peores cláusulas de la legislación laboral anterior, el requisito de que los propietarios de fábricas den los nombres de los trabajadores que desean afiliarse a un sindicato, probablemente desaparecerá, sin embargo, las complacientes relaciones entre muchos funcionarios públicos y los empresarios del país significa que los trabajadores seguirán arriesgando su puesto de trabajo si se organizan sindicalmente. A través de una serie de obstáculos administrativos, la legislación revisada sigue haciendo que resulte muy difícil para los trabajadores y las trabajadoras formar sindicatos. Algunos de estos obstáculos son contar con un elevado umbral de afiliación para aceptar el registro de un sindicato, restricciones para poder ocupar un cargo de dirigente sindical y límites no razonables impuestos a la negociación colectiva y al derecho de huelga.

No hay ningún indicio de que vaya a ponerse coto a otra de las tácticas antisindicales más comunes, es decir, que los funcionarios públicos simplemente no tramitan las solicitudes de registro sindical. Los registros de sindicatos suelen aumentar cuando se producen desastres como los ocurridos anteriormente en las fábricas y que ponen a Bangladesh en el punto de mira internacional, para luego disminuir cuando la presión internacional baja de grado.

“Las medidas parciales no son lo suficientemente positivas. Bangladesh tiene que adecuar su legislación para que se encuentre plenamente en conformidad con las normas de la OIT, especialmente en lo relativo a la libertad sindical y la negociación colectiva. Estamos ejerciendo presión en este sentido para el debate que tendrá lugar mañana en la Conferencia de la OIT, y estamos manteniendo la presión sobre las marcas mundiales de prendas de vestir y los gobiernos para que convenzan a Bangladesh de hacer lo correcto por sus propios ciudadanos”, afirmó Sharan Burrow.