“Los cambios jurídicos que el Gobierno está proponiendo parecen ser más superficiales que reales, y todavía dejaría a las trabajadoras y los trabajadores de la confección sin medios para protegerse de la explotación. Hemos dicho a las autoridades de Bangladesh que es necesario un proceso tripartito, en el que el Gobierno, los empleadores y los sindicatos participen en la vital tarea de elaboración de nuevas leyes.

Bangladesh necesita reparar con toda urgencia su maltrecha reputación de explotación y abusos laborales si quiere garantizar un trato equitativo para los trabajadores así como conservar y aumentar sus exportaciones”, afirmó el Secretario General Adjunto de la CSI Wellington Chibebe, quien encabezó la misión conjuntamente con el Secretario General de la CSI-AP Noriyuki Suzuki.

La actual legislación laboral reconoce el derecho a formar un sindicato, pero está muy por debajo de las normas internacionales. Los empleadores del enorme sector de la confección, con el apoyo o la aquiescencia del Gobierno, han podido evitar que los trabajadores y las trabajadoras formen sindicatos o se afilien a organizaciones sindicales despidiendo inmediatamente con total impunidad a los que se han atrevido a organizarse en pos de un trabajo decente.

Durante demasiado tiempo, bajo la presión de las empresas multinacionales para mantener los costos de producción reducidos al mínimo, el Gobierno ha ignorado el bienestar y la seguridad de los trabajadores. El hecho de que un gran número de propietarios de las fábricas también tengan escaños en el Parlamento también ha obstaculizado la reforma y ha contribuido a que este sector muestre un historial tan desastroso en materia de seguridad. Los salarios de la mano de obra mayoritariamente femenina, con turnos de trabajo de hasta 12 horas, a menudo ascienden a menos de dos dólares al día.

“El tremendo costo en vidas humanas del derrumbamiento de Rana Plaza ha puesto una vez más en la mira la industria de la confección de Bangladesh, y muchas marcas internacionales se han comprometido con los sindicatos mundiales a un esfuerzo común para velar por la seguridad de los edificios y los riesgos de incendio. Ahora toca al Gobierno desempeñar el papel que le corresponde, es decir, que su legislación cumpla con las normas internacionales”, aseveró Wellington Chibebe.