El informe, pospuesto durante largo tiempo y publicado finalmente el 20 de diciembre, enumera una serie de recomendaciones que habrán de ser examinadas en consultas formales entre los dos Gobiernos, como por ejemplo promulgar reformas sustanciales a la legislación laboral, garantizar que los trabajadores y trabajadoras sean reincorporados de forma incondicional y con el correspondiente pago salarial retroactivo, reexaminar todas las causas judiciales contra sindicalistas y retirar los cargos que procedan, y abstenerse de emprender nuevas actividades que socaven a los sindicatos, incluida la central sindical nacional GFBTU.
“El Gobierno estadounidense tiene que demostrar que las consultas implican realizar un serio esfuerzo para abordar el flagrante desacato de Bahrein respecto al capítulo laboral del acuerdo comercial, como ha sido el hecho de sancionar a los trabajadores/as que participaron pacíficamente en manifestaciones a favor de la democracia”, declara la AFL-CIO, que fue quien presentó la denuncia original en base al TLC en abril de 2011.
En febrero de 2011 los bahreiníes tomaron las calles para exigir justicia económica y social y reformas democráticas. Los sindicatos, incluida la GFBTU (General Federation of Bahrain Trade Unions), desempeñaron un importante papel en las protestas, y en un momento dado convocaron una huelga general. El Gobierno reaccionó a estas protestas con rapidez y suma dureza, lo que resultó en una serie de violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos. A la luz de esta crisis, la AFL-CIO presentó en abril de 2011 una denuncia en base al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EE.UU. y Bahréin, exigiendo a Estados Unidos que se retirara del acuerdo y que, como mínimo, entablara consultas sobre el capítulo laboral con relación a los despidos de miles de sindicalistas y a la detención y procesamiento de dirigentes sindicales.
“En 2012, la OIT encabezó un proceso que dio lugar a progresos importantes pero incompletos en pos del logro de justicia para los que fueron víctimas de la represión laboral impuesta por el Gobierno en respuesta a las protestas. El proceso se encuentra parado debido a la falta de voluntad política por parte del Gobierno, el cual está retrocediendo de nuevo en lo que respecta a sus compromisos internacionales. Esto incluye la reciente condena de dirigentes sindicales a largas penas de cárcel debido a su actividad sindical”, ha expresado la Secretaria General de la CSI Sharan Burrow.
“El Ministerio de Trabajo de EE.UU. ha publicado un informe importante que podría facilitar el efecto palanca necesario para resolver la crisis de derechos humanos que está teniendo lugar en Bahréin. El proceso de consultas formales también proporciona a Estados Unidos – cuya reacción pública a la crisis de derechos humanos en Bahréin ha sido guardar silencio – una oportunidad para demostrar que puede y que va a dar prioridad a los derechos humanos en Oriente Medio. Instamos a Estados Unidos a que no concluya el proceso de consultas hasta que no se cumplan cada una de las recomendaciones en su totalidad”, ha exhortado Burrow.
