Myanmar fue retirado de la lista de países beneficiarios del SPG europeo en 1997, en base a las regulaciones de 1994 y 1996, que estipulan que podrían retirarse las preferencias en determinadas circunstancias, incluyendo la “práctica de cualquier forma de trabajo forzoso” tal como lo definen los Convenios de la OIT. Desde entonces, el Gobierno de Myanmar ha venido efectivamente haciendo progresos respecto a la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT establecida en 1997 y en junio de 2012 iniciaría un plan de acción con la OIT destinado a erradicar el trabajo forzoso para finales de 2015. De este modo, el Gobierno ha reconocido la violaciones que hacía tiempo venía denegando, acordando emprender una serie de acciones concretas. No obstante, no cabe duda de que el trabajo forzoso continúa de aplicación en muchas partes del país, incluso el empleo de porteadores, en proyectos de infraestructura y el reclutamiento forzoso de menores de edad por parte del ejército.

La OIT resolvió durante la 101ª Conferencia Internacional del Trabajo suspender la sección de la Resolución de 2000 que autorizaba a los Estados miembros a emplear sanciones. Se decidió suspender, más que eliminar, la referencia a las sanciones, considerando que aún queda mucho por hacer. Se presentará un informe durante la reunión del Consejo de Administración de la OIT en noviembre de 2012, revisando los progresos en la implementación del plan de acción sobre trabajo forzoso (así como sobre la libertad sindical y el impacto de las inversiones sobre el trabajo decente). Cualquier paso por parte de la UE para iniciar proceso alguno o restablecer el SPG antes de la publicación de dicho informe, o que se produzcan resultados mensurables sobre el terreno, sería totalmente prematuro.

Tomamos nota de la reciente advertencia lanzada por Daw Aung San Suu Kyi a la comunidad internacional de no emprender relaciones comerciales con la Empresa de Petróleo y Gas de Myanmar (MOGE) a causa de su peligrosa falta de transparencia. Estamos totalmente de acuerdo e instamos a la UE a dejar claros los límites respecto a las relaciones con MOGE. No obstante, MOGE no es más que un caso emblemático en lo que constituye un problema mucho más amplio respecto a la transparencia y el estado de derecho. Tal como había ya pedido previamente la CSI, la UE debería establecer un marco vinculante en relación con las empresas y los derechos humanos

Teniendo en cuenta el alto grado de corrupción presente en el país y el pobre historial en cuanto a los derechos humanos, requisitos vinculantes de evaluar y remediar cualquier impacto negativo sobre la población derivado de las inversiones, la rendición de cuentas pública, y la creación de instrumentos efectivos de quejas y solución de diferencias, representan elementos esenciales para garantizar que el comercio y las inversiones renovados no contribuyan a intensificar los problemas del país. Pensamos que tales requisitos son la única manera de dar efecto a los reiterados llamamientos de la UE para una inversión responsable, así como a las intervenciones de Daw Aung San Suu Kyi pidiendo inversiones que promuevan el progreso social y económico.