En el Uruguay, las leyes protegen a las mujeres, las personas discapacitadas, las minorías étnicas, los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y las personas que viven con el VIH y el SIDA contra la discriminación. Sin embargo, las mujeres reciben un salario 10 por ciento inferior al de los hombres y tienen dos veces más probabilidades de encontrarse en desempleo. Los afrouruguayos sufren discriminación en el empleo y, como consecuencia, muchos viven en la pobreza. Las disposiciones legislativas a favor de las personas discapacitadas no se aplican de manera eficaz.

Si bien la negociación colectiva se reconoce y se practica, algunos empleadores han tratado de debilitarla, negándose a negociar o a aplicar los convenios colectivos firmados.

El informe concluye que los organismos responsables de aplicar la ley carecen de los recursos necesarios para aplicar efectivamente la ley en lo referente al trabajo infantil y el trabajo forzoso. Aunque no son problemas generalizados, el trabajo infantil y el trabajo forzoso existen.

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