Después de denegar el acceso a la Media Luna Roja y a la Cruz Roja a las zonas sitiadas, y de rechazar las propuestas de paz emitidas por el enviado de la ONU Kofi Annan, el régimen está intensificando sus ataques contra la población civil e implicándose de lleno en una guerra incondicional contra la población del país que corre el riesgo de extenderse más allá de las fronteras del Siria.

“La respuesta internacional al declive de Siria en un conflicto más profundo y más cruel todavía, debe centrarse en la protección de las personas y en encontrar una solución política que pueda llevar por fin la democracia a una de las sociedades más reprimidas del mundo. Es preciso detener el flujo de armas al país, y la comunidad internacional, incluidos todos los miembros del Consejo de Seguridad, debe autorizar a la ONU a hacer uso de la presión necesaria para detener esta matanza”, ha expresado Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.

La familia Assad, respaldada por una minoría influyente, ha gobernado Siria durante más de cuatro décadas. Notorio por las masacres de su propia población, especialmente durante la década de 1980, y por los miles de asesinatos de opositores políticos, el régimen también ha reprimido implacablemente la libertad de expresión y otros derechos básicos, asegurándose de que las organizaciones independientes de la sociedad civil, como los sindicatos, nunca pudieran desarrollarse. Con el crecimiento de la disidencia popular, la ausencia de este tipo de organizaciones ha privado a la gente de maneras de abordar la injusticia política, social y económica.

Desde que comenzaron las revueltas en la ciudad de Daraa hace un año tras el arresto y tortura de 15 niños por parte de las fuerzas de seguridad, el régimen ha intensificado la represión violenta. La tortura se ha vuelto más sistemática que antes del levantamiento, los periodistas se han convertido en blanco de ataques deliberados para impedir que la verdad salga a flote, y la población civil se ha visto sometida a una ofensiva cada vez mayor. Los informes de los refugiados detallan incluso la tortura deliberada y sistemática de niños con el fin de intimidar a las familias y a las comunidades locales. Ante la falta de indicios reales de la disposición del régimen a negociar, la oposición armada ha reunido apoyo y fuerza y se encuentra ahora en conflicto abierto con las fuerzas de seguridad.

“El régimen de Assad y sus apologistas en el extranjero siguen afirmando que el levantamiento está orquestado por una especie de conspiración internacional. Eso no es sino falsa propaganda, para enmascarar el desprecio por las personas controladas por el Presidente Assad y la minoría que ha mantenido a su familia en el poder durante décadas. El régimen es culpable de crímenes atroces, y los responsables deben ser llevados ante la justicia”, añadió Burrow.