En la práctica, el poder de negociación colectiva se redujo aún más. Los empleadores a menudo se niegan a negociar, y las autoridades estatales han nombrado una sola oficina para negociar los convenios colectivos de todo el sector, lo que provoca largas demoras.
El informe revela que existe poca protección legal contra la discriminación de las mujeres, las personas que viven con el VIH/SIDA y las personas con discapacidad. Las mujeres enfrentan una brecha salarial del 20 %, y las tasas de desempleo son significativamente más altas para las mujeres que para los hombres.
La ley no protege a los niños y niñas de ciertas formas de explotación laboral y de trata de personas. En la práctica, existe el trabajo infantil ilegal, principalmente en el sector agrícola.