El informe indica que miembros de los sindicatos democráticos han sido con frecuencia víctimas de ataques perpetrados por grupos maoístas y en ocasiones también por la policía. La legislación garantiza el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, aunque se aplican severas restricciones. Por otro lado, los derechos fundamentales no se respetan en los “servicios esenciales” ni en aquellos sectores que las autoridades consideren esenciales para el desarrollo económico nacional, entre los que figuran incluso los hoteles y la banca. De aprobarse la Ley de Zonas Económicas Especiales, que está actualmente siendo debatida en el parlamento, los trabajadores de las zonas francas industriales verían denegado el derecho a contar con representación sindical.
Los inspectores de las fábricas no consiguen garantizar que se cumpla la ley en las actividades económicas informales que representan el 90 por ciento de la economía total. Una consecuencia de ello es el hecho de que 1,6 millones de menores de edad, en su mayoría niñas, estén involucradas en trabajo infantil. Por otro lado, persisten ciertas formas tradicionales de esclavitud, pese a la abolición del sistema Kamaiya en 2000. Numerosos trabajadores y trabajadoras nepalíes son víctimas de prácticas engañosas y fraudulentas por parte de agentes laborales, contratistas y traficantes, y se han dado casos también de complicidad de funcionarios del Estado en la trata de personas.
