Este paso siguió al discurso de Año Nuevo en el que el Primer Ministro anunció que el tan criticado Reglamento de Excepción del año 2009 iba a dejar de ser vigente a partir del 7 de enero, una medida recibida con cautela por parte de algunos Gobiernos y las Naciones Unidas. Sin embargo, el nuevo decreto, que modifica la Ley de Orden Público de 1969, recoge y amplía muchas de las facultades del Reglamento de Excepción.
El decreto crea una definición amplia de "terrorismo", con severas penas, que podría ser interpretado para cubrir casi cualquier oposición organizada a la junta militar. Como antes, las solicitudes para celebrar reuniones públicas tendrán que ser aprobadas por la Junta, mediante un preaviso de siete días para solicitar el permiso necesario. Sin embargo, las sanciones incluyen ahora una sentencia de hasta cinco años de prisión (de dos años en el Reglamento de Excepción) por la celebración de una reunión sin autorización previa. La policía tiene la facultad de detener personas sin orden judicial y mantenerla detenida hasta 16 días (con respecto a 10 en el RE) bajo la dirección del Primer Ministro. Otra disposición establece que toda persona que haga declaraciones o realice acciones que el Gobierno considere como "sabotaje", o que "socavan" la economía, podrían ser castigadas con hasta 10 años de prisión.
"La CSI condena las continuas e inaceptables restricciones a la libertad sindical y de reunión. Según estas disposiciones, la prohibición de la actividad sindical que existe de facto puede seguir vigente, y hace posible que los sindicalistas puedan ser detenidos o encarcelados por muchos años por realizar sus legítimas actividades sindicales", afirmó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.
Esta legislación también concede a los militares el poder de realizar funciones policiales. Así, el poder militar estará aún más arraigado en los asuntos civiles de la nación, y cabe esperar que con ello se provoquen nuevas violaciones graves de los derechos civiles y políticos.
En una de sus disposiciones más graves, los tribunales de Fiji no tienen competencia para tratar una demanda que impugne una decisión tomada por el Primer Ministro, los comandantes de la policía o cualquier funcionario público.
En otra medida en contra de los sindicatos del país, el régimen ha ordenado que Rajeshwar Singh, Secretario General Adjunto de la confederación Fiji Trades Union Congress, abandone su puesto como miembro de la Junta de Servicios de la Terminal Aérea, donde representaba al 49% de los trabajadores-accionistas, por tener contactos con sindicalistas de otros países.
"Afianzar el papel de los militares en los asuntos civiles, las purgas contra todo aquel que critica al régimen, la eliminación de los derechos a la libertad de expresión y la libertad sindical así como la eliminación de los derechos legales fundamentales, son indicios de la forma en que Commodore Bainimarama se está apoderando del país. El pueblo de Fiji se ve privado de voz y de sus derechos democráticos, y la comunidad internacional debe mostrar una firme determinación para ayudar al pueblo de Fiji a recuperar el control democrático de su país", afirmó Sharan Burrow.
