“Este tratado tendrá consecuencias devastadoras para miles de familias, en un momento en que los gobiernos deberían centrarse en la creación de empleo, en lugar de minar el trabajo decente y hacer que disminuya el nivel de vida. No aporta mecanismos adecuados para proteger los derechos en el trabajo, fomentará aún más la especulación financiera, y el procedimiento de solución de conflictos, que tiene preferencia frente a la legislación nacional, resulta totalmente antidemocrático”, comentó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.

Estimaciones independientes sobre el impacto del tratado sobre el empleo revelan que podrían perderse hasta 130.000 puestos de trabajo en el sector agrícola en Corea, y más de 150.000 en EE.UU. Hasta la propia Comisión Internacional de Comercio estadounidense concluyó que el impacto sobre la creación de empleo probablemente sería insignificante, en contra de las afirmaciones de la Cámara de Comercio de los EE.UU. de que se crearían hasta 280.000 nuevos puestos de trabajo.

“La Cámara de Comercio de los EE.UU. ha realizado ya afirmaciones falsas respecto a la creación de empleo en relación con otros tratados previos similares. Ha quedado demostrado que no tenían razón, pero se sacrifica una vez más la verdad en aras de los intereses específicos del 1%. Algunas grandes corporaciones se beneficiarán de este tratado, pero el impacto global podría ocasionar un daño económico y social enorme”, afirmó la Sra. Burrow.

Las centrales sindicales coreanas, FKTU y KCTU han expresado su oposición a KORUS, con una protesta organizada por la KCTU el 13 de noviembre, que contó con 40.000 participantes. La KCTU ha descrito el tratado como “perjudicial para los trabajadores/as y sus familias tanto en EE.UU. como en Corea”, mientras que el Presidente de AFL-CIO, Rich Trumka ha manifestado que no se ajusta al nuevo modelo de acuerdo comercial por el que ha venido abogando el movimiento sindical, ni tampoco contribuye a un futuro global sostenible. “Resulta esencial que ambos países ajusten su legislación laboral y sus prácticas para que sean conformes con las normas internacionales, antes de implementar cualquier tratado”, según Trumka.

“El tratado KORUS debería posponerse hasta que sea rediseñado de manera que promueva el trabajo decente y las normas fundamentales del trabajo,” indicó Burrow. “El mecanismo de solución de conflictos Inversor-Estado tendría que eliminarse, además de efectuar una evaluación pública completa respecto al impacto económico y social del TLC para los trabajadores y trabajadoras en ambos países.”