"Bahrein debe actuar con rapidez para cumplir la promesa del rey, sobre todo en lo que concierne al pleno respeto de la libertad sindical y la libertad de expresión. Los meses de represión y violencia contra los sindicalistas y otras personas orquestadas por el Estado y con el apoyo de muchos empleadores, deben terminar de inmediato. Todos los trabajadores que fueron despedidos deben ser reintegrados inmediatamente, y retirar las acusaciones falsas presentadas ante los tribunales. Sólo entonces Bahrein puede empezar a recuperar la aceptación internacional y la reconstrucción de su economía y de su sociedad", afirmó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.

La Comisión Independiente de Investigación de Bahrein (BICI, por sus siglas en inglés), encabezada por el jurista internacional Cherif Bassiouni, publicó un informe en 501 páginas con la evaluación de los sucesos de febrero y marzo de 2011 tomando como base las normas internacionales de los derechos humanos. En cuanto al despido de miles de trabajadores este año, el informe confirma plenamente las afirmaciones de la CSI, es decir, que los despidos de los trabajadores del sector público y privado se llevaron a cabo en represalia por su participación en manifestaciones y huelgas legales; que el Gobierno creó un ambiente que fomentó los despidos y en algunos casos instó directamente a las empresas a hacerlo; que las autoridades "aplicaron" la ley en forma discriminatoria; y que la gran mayoría de los despidos fueron ilegales según el derecho nacional e internacional.

La organización afiliada a la CSI en Bahrein, GFBTU, ha emitido un comunicado en el que "se muestra satisfecha con el contenido del informe en lo que respecta a las recomendaciones relacionadas con los trabajadores, en particular con los despedidos, ya que confirma sin lugar a dudas que éstos se produjeron fuera del marco de la ley". La GFBTU pidió la aplicación inmediata de las recomendaciones del informe, en particular las relativas a la reintegración inmediata de todos los dirigentes sindicales y los trabajadores de los sectores público y privado así como concederles una indemnización. Asimismo "hizo hincapié en la importancia de hacer que rindan cuentas todos aquellos que aplicaron medidas de despido en violación de la ley, así como los que las dirigieron contra los líderes sindicales debido a sus actividades sindicales, a fin de garantizar que estas prácticas no vuelvan a reproducirse".

La semana pasada, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo estuvo de acuerdo en la creación de una comisión tripartita para revisar los despidos masivos. La comisión debería acelerar la revisión de estos casos a la luz de los resultados y las conclusiones del informe de la Comisión Independiente de Investigación de Bahrein.