Reunión financiera del G7 debe resistir reacción adversa de los banqueros

En la reunión que esta semana mantienen los Ministros de Finanzas del G7 en Iqaluit (Canadá), es preciso que se siga adelante con los procesos de regulación financiera y de reestructuración de los bancos, mientras poderosos intereses financieros mundiales intensifican su lucha contra la reforma. Aunque no se espera que en la reunión se tomen decisiones formales, las discusiones que se desarrollen influirán en las posturas que adopten los países del G7 en la cumbre de Jefes de Gobierno del G20 en junio, que también se celebrará en Canadá.

La semana pasada aparecieron síntomas preocupantes en el Foro Económico Mundial de Davos, donde poderosos intereses del sector financiero hicieron uso de presiones entre bastidores para advertir a gobiernos y reguladores de que incluso las medidas de regularización limitadas se toparán con una fuerte resistencia.

“Después de haber llenado sus cepillos con billones de dólares de los contribuyentes, los mismísimos banqueros que han generado la crisis se ponen a morder la mano que les daba de comer. Están atacando el papel del gobierno, implorando más subsidios corporativos y negándose a aceptar que el propósito principal de la banca y las finanzas ha de ser el de apoyar el empleo y el crecimiento de la economía real. Los gobiernos tienen que enfrentarse resueltamente a ellos, y en algunos casos incluso a sus propios bancos centrales y reguladores, que parecen más que felices de seguir las órdenes del sector financiero a expensas de los puestos de trabajo, los ingresos y el desarrollo,” dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI.

Indispensable para su estrategia es la jugada de encajar toda la cuestión de las regulaciones y reformas en una serie de discusiones a puerta cerrada, como es el hermético Consejo de Estabilidad Financiera establecido por el G20 en Londres el pasado mes de abril, que todavía no ha dado indicios de estar dispuesto a apoyar el tipo de regulación que hace falta. Los gobiernos, en particular los de EEUU, Francia y el Reino Unido, han indicado planes para un cambio de gran alcance, y parece que el sector financiero, contando con el apoyo de otros gobiernos, está apostando por un interminable proceso multilateral que tarde o temprano fracasará a causa de la incapacidad de los gobiernos para ponerse de acuerdo.

“Los gobiernos tienen que trabajar de forma rápida para alcanzar un enfoque global cohesivo a través del G20, y al mismo tiempo deberían hacer que la reforma progrese en sus propias jurisdicciones, especialmente en EEUU y el Reino Unido, los dos lares de regulación “liviana”, que tanto daño ha causado en la vida de decenas de millones de personas”, dijo Ryder. “Si el Consejo de Estabilidad Financiera y otros organismos impuestos por el G20 para buscar soluciones globales no se mueven con la suficiente rapidez o con alcance suficiente, se correrá el riesgo de que algunos bancos intenten huir a países donde la regulación es laxa, pero eso no deberá conducir a que los puntos débiles obvios en la regulación de los principales centros financieros dejen de ser determinados por los gobiernos implicados.”

“La regulación y la reestructuración de la banca es de una importancia crucial y ha de encontrarse en el corazón de un proceso para asegurar que la banca y las finanzas estén al servicio de la economía real. Los Ministros de Finanzas del G7 tienen que confirmar su apoyo a la introducción de un impuesto a las transacciones financieras y un impuesto especial para asegurarse contra futuras quiebras bancarias; situar los fondos de cobertura y de capital privado en un marco regulatorio adecuado; y tomar medidas con respecto a los salarios y bonificaciones de los banqueros”, dijo John Evans, Secretario General de la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE.

El Consejo de Estabilidad Financiera, que está trabajando en la cuestión de las bonificaciones, ha estado realizando consultas con los propios bancos sobre la cuestión de la remuneración de los banqueros, pero no ha acordado reunirse ni discutir ésta ni ninguna otra cuestión con el movimiento sindical internacional, siquiera en un plano informal.

Tampoco está claro de qué forma el Consejo de Estabilidad Financiera pretende implementar las decisiones del G20 en cuanto a las disposiciones, a partir de marzo de 2010, contra los paraísos fiscales; qué medidas concretas van a tomar para adaptar los fondos de cobertura y las firmas de capital privado conforme a los estándares mínimos de transparencia y responsabilidad con respecto a los reguladores; ni qué es lo que se va a hacer en materia de regulación prudencial, aparte de continuar con sus parsimoniosos planes actuales para la revisión e implementación del existente marco “Basel II” para finales de 2012.

Teniendo en cuenta que el desempleo va a aumentar aún más a lo largo de 2010, los sindicatos están solicitando también que los paquetes de estímulo de los gobiernos se renueven y se reenfoquen en el mantenimiento y la creación de empleo, con un fuerte énfasis, concretamente, en los empleos verdes. Las medidas del gobierno para reducir el déficit fiscal no deben perjudicar a los servicios públicos vitales, y es necesario que los impuestos a las transacciones y demás medidas fiscales progresivas proporcionen ingresos para ayudar a financiar los gastos sociales y la asistencia al desarrollo, al mismo tiempo que la reducción del déficit.

“Los gobiernos se enfrentan a una clara elección: pueden actuar con decisión y de manera organizada para reparar esta economía mundial rota y cumplir así con su responsabilidad de gobernar en el interés de las personas; o pueden escoger eludir esa responsabilidad y hacer lo que los bancos les dicen que hagan. Ya hay indicios de que los gobiernos están preparados a aceptar una tasa de desempleo más alta e incluso un índice de desigualdad mayor, y a menos que sigan adelante con la reforma fundamental, estarán aceptando también que otra crisis, posiblemente más profunda, se convierta en algo inevitable. Existe una posibilidad real de que se dé un conflicto social extremo, o algo peor, si los gobiernos continúan anteponiendo los intereses de los bancos y las finanzas a los puestos de trabajo y la justicia social”, dijo Ryder.


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