A diferencia de Túnez, Egipto y Libia, la primavera árabe de Bahréin no produjo reformas democráticas, ni puso fin a un régimen autocrático. Las autoridades respondieron a la demanda de libertad de la población con una dura represión y una violencia sin precedentes contra los manifestantes, los civiles y los trabajadores. Una comisión de investigación independiente ha confirmado recientemente las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante los disturbios. Entre los meses de febrero y abril de 2011, se produjeron 25 muertes, entre ellos cinco casos de tortura atribuidos al Ministro del Interior. Los sindicatos apoyaron la demanda de reformas y, en consecuencia, miles de miembros sindicales fueron despedidos, y muchos detenidos. Todo progreso anterior en el diálogo social se interrumpió, y una nueva ley sindical podría socavar los derechos fundamentales del trabajo en el país. Salman Jaffar Al Mahfoodh, Secretario General de la General Federation of Bahraini Trade Unions (GFBTU), habla sobre las acometidas contra las organizaciones sindicales y la necesidad urgente de que los trabajadores sean reintegrados en sus puestos.
¿Por qué decidieron apoyar las manifestaciones de la primavera pasada?
Creemos que todo movimiento sindical genuino y democrático debe participar en los asuntos políticos, sociales y económicos de un país. No creemos que exista una separación entre el movimiento político y el movimiento sindical. El lema de nuestra organización es, después de todo, “democrático, libre, independiente y unido”. Cuando la crisis estalló en febrero, apoyamos las demandas nacionales, pero no estábamos a favor de derrocar al régimen, como los grupos radicales. Estas demandas consistían en una nueva constitución basada en un verdadero acuerdo, un pacto social entre el Gobierno y el pueblo. En primer lugar, queríamos un cambio en las elecciones, a fin de permitir un sistema representativo justo. En general, estábamos a favor de una reforma económica, empezando por la introducción de un salario mínimo y la ratificación de los Convenios fundamentales de la OIT. Fue cuando decidimos convocar una huelga general en marzo. No era una huelga política; nuestro objetivo era solamente proteger a las personas. Había un problema de seguridad para los ciudadanos y los trabajadores, quienes corrían el riesgo de ser atacados y golpeados por las fuerzas nacionales, pero también por matones en las calles de Manama y en los puestos de control. La respuesta a la huelga fue enorme: participó más del 60% de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, inclusive la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (BICI) confirmó que nuestra protesta era legítima, ya que la huelga entraba en el ámbito de la libertad de expresión.
¿Cómo reaccionó el régimen a esta protesta?
Fueron despedidas cerca de tres mil personas, y más de mil trabajadores han sido suspendidos, tanto en el sector público como el privado. Estos despidos son, naturalmente, improcedentes, ya que todos se basan abiertamente en la opinión política. Por ejemplo, en las cartas de despido del Consejo de Representantes (el Parlamento de Bahréin), se indicaba que los trabajadores eran despedidos por haber asistido a los funerales de los mártires asesinados durante las protestas. Otras cartas señalaban que los trabajadores habían participado en las manifestaciones y protestas en la rotonda de la Perla. Las personas se manifestaban libremente porque pensaban estar protegidos. En realidad, las fuerzas de seguridad documentaron cada detalle, todos los días y de cada grupo. Tomaron miles y miles de fotografías. Asimismo, muchos miembros sindicales han sido detenidos en su lugar de trabajo, o en el trayecto a su trabajo. Las autoridades utilizaron como pretexto la Ley de Seguridad Nacional, pero es evidente que estos procedimientos están completamente fuera de la ley. Por otra parte, trataron de manipular la información y criminalizar a los dirigentes sindicales ante la opinión pública, a través de los medios de comunicación nacionales, todos ellos bajo el control del Estado. Los sindicalistas son pintados como traidores a la patria, como conspiradores contra el régimen y los responsables reales de todos los despidos. A pesar de esta campaña, pensamos que el pueblo está apoyando nuestra lucha.
El Gobierno empleó migrantes para reforzar a la policía. ¿Diría usted que esta circunstancia ha contribuido a aumentar la hostilidad contra los expatriados en Bahréin?
La policía antidisturbios de Bahréin siempre ha empleado trabajadores migrantes. Sin embargo, durante la crisis se produjeron algunos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. El Gobierno explotó este hecho para dividir a los trabajadores, para mostrar que los manifestantes nativos estaban atacando a trabajadores extranjeros, y que era una muestra de su xenofobia. Pero en realidad, sólo era una reacción a la represión de la policía antidisturbios, independientemente de su nacionalidad. Por otro lado, numerosos trabajadores extranjeros fueron contratados para sustituir a los trabajadores despedidos en Bahréin, y pensamos que la mayoría de éstos lo hicieron a través de contratos temporales. Esta situación se presentó en empresas como Gulf Air y Elba Aluminium, por ejemplo, donde se registraron más de 200 y 400 despidos, respectivamente.
¿Qué otras medidas se adoptaron en contra de los sindicatos?
La federación dejó de recibir todo apoyo financiero público, aunque la Cámara de Comercio, la asociación de empleadores, sigue recibiendo esa financiación, que representa alrededor de medio millón de dinares de Bahréin cada año (más de 1,3 millones de dólares), mucho más de lo que nosotros solíamos tener. Aparte de eso, se ha suspendido todo tipo de diálogo social, ya que casi todos nuestros líderes sindicales (aproximadamente 55) trabajaban en empresas. Ahora, debido a los despidos por motivos disciplinarios, todos ellos se han quedado sin trabajo y no tienen derecho a ningún tipo de subsidio por desempleo, por lo que hay miles de familias sin ingresos. Peor aún, el Gobierno ha preparado una nueva ley sindical que impide a todo sindicalistas llevado ante los tribunales participar en las elecciones sindicales. Además, la ley permitirá la creación de nuevas federaciones en Bahréin, y el Gobierno decidirá cuál es la federación que representa legítimamente a los trabajadores, tanto en el plano nacional como internacional. Naturalmente, esta normativa abre la puerta a los sindicatos amarillos.
¿Cuáles son sus reivindicaciones en este momento?
El Gobierno habla ahora de cierto tipo de indemnización para los trabajadores/as despedidos. Sin embargo, vista la situación, lo único que podemos aceptar es la reincorporación. Si aceptamos cualquier otro tipo de compromiso, avalaríamos el principio de los despidos por razones políticas y el uso de la discriminación. Hemos informado en detalle sobre el impacto social de estos despidos y enviamos una carta al rey Hamad bin Hissa Al-Khalifa, a los miembros del Parlamento y a la organización de empleadores. Asimismo, la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin indicó que los despidos eran injustificados, y que el Gobierno violó la libertad de expresión, por lo que creemos que ahora no tiene otro remedio que reincorporar a los trabajadores/as en sus puestos de trabajo. La comunidad internacional está ejerciendo una fuerte presión sobre las autoridades de Bahréin. Después de que el Grupo de los Trabajadores presentara una queja a la OIT sobre la violación del Convenio 111 relativo a la discriminación, ratificado por Bahréin, en noviembre de 2011 el Consejo de Administración decidió crear una comisión tripartita en nuestro país para reintegrar a los trabajadores. Además de estas medidas, hemos recibido la solidaridad y el apoyo de la CSI y de la central estadounidense AFL-CIO. Así que el mensaje es muy claro. Teniendo en cuenta la supervisión internacional sobre los derechos humanos en Bahréin, y las indicaciones de la Comisión de investigación, el Gobierno tiene ahora la oportunidad de poner fin a esta situación.
Entrevista de Vittorio Longhi y Khalil Bohazza