Más de 60 personas han perdido la vida desde el pasado diciembre, como resultado de la represión policial de las protestas, con miles de heridos y cientos de detenidos. Se han producido redadas ilegales en las oficinas de sindicatos, organizaciones campesinas y otros grupos de la sociedad civil, así como en distintas universidades en todo el territorio nacional.

El Gobierno ilegítimo de la presidenta Dina Boluarte está respaldado por la represión militar y por fuerzas de extrema derecha que dominan el Congreso Nacional, en su mayoría acusadas de corrupción y que carecen de apoyo popular.

Boluarte está además protegida por poderosos conglomerados de la prensa e intereses empresariales que sustentan la violencia contra el pueblo peruano y se oponen a su derecho a la protesta pacífica.

En las zonas rurales, y más recientemente en Lima capital, los manifestantes han venido reclamando el fin de la violencia y una salida a la crisis, que incluiría:

• El establecimiento de un Gobierno de transición
• La disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones generales anticipadas en 2023
• El establecimiento de una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución que sustituya al legado autoritario y antidemocrático del dictador Alberto Fujimori.

Los sindicatos peruanos forman parte de una amplia coalición de movimientos sociales y han venido apoyando activamente estas reivindicaciones populares, sumándose a las movilizaciones pacíficas por todo el país.

“El movimiento sindical internacional insta a la comunidad mundial, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a otros organismos, a considerar la situación en Perú como un caso urgente de quebrantamiento de la democracia y de violación masiva de los derechos humanos. Exigimos que se adopten medidas contra el régimen de Boluarte.

“Reclamamos el fin de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y los militares contra el pueblo peruano y el establecimiento de negociaciones con los movimientos sociales y fuerzas políticas progresistas con vistas a iniciar una transición pacífica hacia una sociedad democrática que refleje los intereses de toda la población del Perú”, declaró el Secretario General Adjunto de la CSI, Owen Tudor.