Según la información recibida por la CSI, varios actos de represión ocurrieron el día 8 de julio en esta Provincia donde 6 personas perdieron la vida. Estos actos inaceptables fueron dirigidos contra los trabajadores bananeros y de la construcción del Canal de Panamá en Colón. Dirigentes sindicales del SUNTRACS y de CONATO fueron también arrestados.

Los trabajadores en huelga protestan contra el Gobierno de Panamá, que ha impuesto la Ley 30 que lesiona derechos fundamentales como el derecho a huelga y a la libertad sindical. La ley 30 también penaliza a los trabajadores que protestan en la calle, hasta con 2 años de cárcel.

Las últimas noticias recibidas informan que el Gobierno habría convocado un Consejo de gabinete y a partir de allí se espera que adopten nuevas medidas represivas y de persecución, como las órdenes de arrestos que pesan sobre distintos dirigentes sindicales. No se descarta la suspensión de las garantías fundamentales.

En una carta enviada a las autoridades de Panamá, la CSI encarece al Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que tome medidas concretas y urgentes para disminuir el nivel de tensión en el país y que se inicien las investigaciones necesarias que conduzcan a la brevedad al esclarecimiento de las muertes producidas y al establecimiento de las responsabilidades penales y administrativas a que haya lugar.

La CSI, con sus afiliadas en Panamá y su organización regional para las Américas, la CSA, exigen la derogación de la polémica Ley 30, una suerte de licencia para que la policía pueda matar a mansalva generando una situación de gran violencia en la población, como ocurrió el día 8 de julio, en contra de los trabajadores/as bananeros y de la construcción de Bocas del Toro.