Bruselas, 18 de julio de 2007: Un nuevo informe de la CSI resalta los problemas existentes en el Estado del Golfo de Bahrein con respecto a la sindicalización, el derecho de huelga, la discriminación y el trabajo forzoso. El informe se da a conocer en el día de la fecha, coincidiendo con la revisión de la política comercial de Bahrein que la OMC lleva a cabo los días 18 y 20 de julio.

Bahrein no ha ratificado ninguno de los dos convenios fundamentales de la OIT sobre los derechos sindicales. Si bien desde 2002 se han hecho algunos progresos, los trabajadores y trabajadoras migrantes, que constituyen aproximadamente el 60 por ciento de la fuerza laboral, no están protegidos por ley del despido si se afilian a sindicatos, debido a lo cual, casi nunca lo hacen.

A los trabajadores del sector público se les sigue denegando el derecho de sindicación. A por lo menos seis sindicatos del sector público se les deniega sistemáticamente la posibilidad de registrarse.
Otro de los motivos de preocupación es la larguísima lista de sectores donde están prohibidas las huelgas. En noviembre de 2006, el gobierno alargó muchísimo la lista ya existente de sectores donde están prohibidas las huelgas, agregando los hidrocarburos, la salud, la educación, las farmacias y panaderías a los sectores de seguridad, defensa civil, aeropuerto, puerto y transporte.

Bahrein no ha ratificado el Convenio fundamental de la OIT sobre la igualdad de remuneración. Si bien se hicieron algunos esfuerzos, los trabajadores y trabajadoras migrantes continúan siendo objeto de grave discriminación en prácticamente todos los aspectos del empleo y carecen de una protección jurídica adecuada. A menudo se sabe que a trabajadoras domésticas extranjeras que viven en los domicilios de sus patrones y tienen muy poco acceso al mundo exterior, sus empleadores o los agentes que las contratan las golpean o las someten a abusos sexuales. Generalmente, las víctimas están demasiado intimidadas como para entablar juicio a sus empleadores, aunque tienen derecho de hacerlo. Como resultado de esa discriminación, según la GFBTU, afiliada de la CSI, la diferencia del costo laboral entre un trabajador local y un trabajador migrante asciende a menudo a nada menos que 300 euros mensuales. La GFBTU ha reclamado que se pague el salario mínimo a todos los trabajadores y trabajadoras del país, sea cual fuera su origen.

La cantidad de trabajadoras y trabajadores extranjeros a quienes se obliga a trabajar es otro motivo de gran preocupación. Las formas más comunes de trata de seres humanos se dan entre los obreros no calificados del sector de la construcción y los trabajadores domésticos.

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La CSI, fundada el 1 de noviembre de 2006, representa a 168 millones de trabajadores de 153 países y territorios y cuenta con 304 afiliadas nacionales.

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