La libertad sindical y los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga están reconocidos en la legislación, pero no en la práctica. Los convenios colectivos se vulneran en el sector público, y la negociación resulta socavada por directivas unilaterales emitidas por el Gobierno que sustituyen las negociaciones. Las leyes para combatir la discriminación antisindical no se aplican, y las compañías despiden a los huelguistas sin el más mínimo impedimento.
El informe encontró que muchos servicios que no son realmente “esenciales” quedan definidos como tales sencillamente para permitir que el Ministerio de Trabajo tenga autoridad para ordenar procedimientos de arbitraje obligatorio y para imponer fuertes penalizaciones a cualquier trabajador que se atreva a sumarse a una huelga.
Además, Guayana debe hacer frente a enormes desigualdades y problemas de discriminación que prevalecen en el país. El desempleo femenino asciende a más del doble que el masculino, las vacantes laborales se anuncian sistemáticamente especificando el sexo de la persona y el trabajo se divide generalmente en base a líneas de género. La legislación que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo resulta igualmente inadecuada. Por otro lado, los programas destinados a hacer frente a la discriminación contra las personas seropositivas, desfavorecidas o con minusvalías también resultan insuficientes.
El informe revela, entre otras cosas, que los esfuerzos desplegados por el Gobierno para combatir el trabajo infantil e imponer la educación obligatoria son inadecuados, teniendo en cuenta que el problema afecta a al menos una quinta parte de los niños del país. Muchos niños realizan trabajos peligrosos, y la prostitución infantil es una de las peores formas de trabajo infantil presente en Guayana. La legislación vigente sobre trabajo infantil podría proteger a los menores, pero no se aplica de manera efectiva.
De igual modo, las agencias del gobierno y las autoridades policiales no son capaces de garantizar la aplicación de las leyes contra el trabajo forzoso y la trata de personas. La policía no está debidamente formada para tratar estas cuestiones, y las causas criminales suelen ser sobreseídas debido a una falta de conocimiento por parte de la fiscalía respecto a la aplicación de la legislación correspondiente.
El informe concluye que reviste una importancia particular que el Gobierno mejore la capacidad judicial y de aplicación de la ley, a fin de supervisar adecuadamente y garantizar la aplicación de las normas fundamentales del trabajo.
