En 2024 se ha observado un aumento de la injerencia por parte de las autoridades en los asuntos sindicales, en particular mediante la imposición de complejas normativas en materia de elecciones, requisitos de afiliación, estatutos y procedimientos internos. La contabilidad de los sindicatos fue sometida al vejatorio escrutinio de un organismo central de contabilidad que goza de amplios poderes para interferir en las finanzas de los sindicatos.
Los empleadores han exacerbado este ambiente hostil, recurriendo a sanciones disciplinarias y al despido para castigar a los trabajadores en huelga y debilitar a los sindicatos.
Obstáculos al nuevo registro de sindicatos
Desde la disolución de todos los sindicatos independientes en 2018, los trabajadores y sus representantes han tratado de volver a registrar nuevamente sus sindicatos. Sin embargo, las autoridades han impuesto unos requisitos de registro excesivos y absurdos, como, por ejemplo, la necesidad de obtener la aprobación y un sello por parte del empleador. En marzo de 2024, más de 14 sindicatos independientes seguían esperando el reconocimiento oficial, y las autoridades habían impedido que otros 11 celebraran sus elecciones, dejando a los trabajadores sin representación y privándoles de su derecho a la negociación colectiva. Se calcula que, desde 2018, el número de sindicatos independientes en Egipto se ha reducido de 1500 a apenas 150.
In Egypt, the number of independent trade unions has dropped to 150 from 1,500 in 2018 when they were dissolved by the authorities. Attempts by trade unions to be re-registered have been systematically obstructed by the authorities, leaving Egyptian workers without representation.
Represión estatal de las libertades civiles
Al menos 11 sindicalistas fueron encarcelados arbitrariamente por intentar ejercer sus libertades básicas, en particular el derecho de huelga. El artículo 194 de la Ley del Trabajo prohíbe explícitamente llevar a cabo huelgas en instituciones estratégicas o críticas. En la práctica se ha constatado que las autoridades adoptan una interpretación muy amplia de la definición de “servicios esenciales” y “seguridad nacional” en aras de frenar las acciones colectivas. Los trabajadores detenidos por ejercer sus derechos básicos internacionalmente reconocidos podían ser condenados a duras penas, en particular a trabajos forzados en prisiones.
