Myanmar: Violación de los derechos de los trabajadores

La junta militar ha intensificado sus violentos ataques contra trabajadores y sindicalistas en Myanmar. La acción concertada de la comunidad internacional para exigir la liberación de todos los presos políticos sigue siendo la máxima prioridad.

By Wulan Dari | Union Aid Abroad-APHEDA

Union Aid Abroad-APHEDA (Australia) y Mondiaal FNV (Países Bajos) han elaborado una serie de infografías sobre la situación del país. Aunque las estadísticas presentadas en el documento no reflejan las cifras reales, los cuales son superiores a los datos registrados, ésta ilustra, no obstante, la escala masiva de ataques contra trabajadores y sindicalistas tras el golpe de estado.

La infografía recoge el número total de trabajadores suspendidos, despedidos, detenidos y asesinados por sectores en el país. También enumera las empresas nacionales y las multinacionales que trabajan en el país clasificadas por propiedad e inversores.

El Índice Global de Derechos 2021 de la CSI ha incluido a Myanmar entre los peores países para los trabajadores, lo que supone un importante retroceso de lo conseguido durante una década de transición hacia la democracia (2011-2021). Una de las prioridades pendientes es seguir organizando una acción concertada de la comunidad internacional para presionar a la junta y exigir la liberación de todos los presos políticos

Paralelamente, el acceso a la justicia y a depositar recursos para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias es un área en la que la comunidad internacional también debería centrarse. La comunidad internacional, los sindicatos de Myanmar y el gobierno paralelo del Gobierno de Unidad Nacional deben iniciar un debate sobre las medidas para reformar la ley y las instituciones jurídicas de Myanmar y sobre un mecanismo para hacer que la administración de la junta, el Consejo de Administración del Estado, pueda rendir cuentas por haber perpetrado acciones contra los derechos humanos. Todo ello, en el marco de la restauración de la democracia y la garantía de los derechos de libertad de asociación.

La situación del país hasta ahora

La junta está aplicando leyes heredadas de la época colonial como el Código Penal y la Ley de Asociación Ilícita. Ambas se han utilizado con frecuencia para encerrar a trabajadores y sindicalistas, que participan activamente en el Movimiento de Desobediencia Civil, con penas mínimas de tres años de prisión.

El Consejo de Administración del Estado se remitió a varias secciones de la constitución de 2008 redactada por los militares, para justificar su actuación. La declaración del estado de emergencia y la aplicación de la ley marcial en los municipios de Yangon y Mandalay, donde se encuentran las principales zonas industriales, se llevaron a cabo en virtud del artículo 419. Mientras tanto, el, el artículo 432 establece la impunidad legal para cualquier acción realizada por el personal militar bajo el estado de emergencia. La restricción de la movilidad y la prohibición de las reuniones públicas de más de cinco personas en 31 municipios de Yangon y otras ciudades importantes del país se han impuesto desde el 8 de octubre y se han llevado a cabo en virtud del artículo 144 de la constitución. Al menos dos organizadores sindicales y un trabajador fueron condenados a cadena perpetua en el tribunal militar. Un destacado líder sindical, el secretario general de la Federación de Sindicatos de la Industria, la Artesanía y Servicios de Myanmar (MICS-TUsF), podría ser juzgado por un tribunal militar.

Este sistema jurídico defectuoso ha sido un espectro que ha perseguido a sindicalistas, periodistas y críticos a la junta en Myanmar. De hecho, los militares, tras el golpe de estado, han abusado de las leyes para justificar sus acciones. Según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos de Birmania (AAPP-B), hasta el 25 de octubre de 2021, 4065 víctimas han sido liberadas de las cárceles. Hasta el 1 de noviembre, la AAPP-B registró que 7013 personas seguían detenidas y sólo 300 habían sido condenadas. Varios trabajadores y sindicalistas se encuentran entre los amnistiados y liberados entre el 18 y el 22 de octubre, mientras que un sindicalista fue detenido de nuevo en la puerta de la prisión un minuto después de su liberación.

Actualización de la TUDCN - Un retroceso en el desarrollo

El golpe militar en el país fue también un ataque a la visión del pueblo de Myanmar de un país que transita hacia una sociedad justa y sostenible. Unos meses antes del golpe, el país tenía previsto presentar su primer Examen Nacional Voluntario sobre su aplicación de los ODS en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU sobre Desarrollo Sostenible en julio de 2020. Dentro de aquel marco, La Red de Cooperación Sindical para el Desarrollo (RCD) de la CSI estaba apoyando a la Confederación de Sindicatos de Myanmar (CTUM) en la redacción de su primer informe sobre los ODS, "Un enfoque sindical sobre los ODS", una herramienta que proporciona una evaluación sindical independiente del progreso de los ODS en el país y expresa sus prioridades para acelerar la acción hacia la Agenda 2030. Desgraciadamente, el golpe de estado puso fin a este proceso de forma abrupta, destruyendo los logros alcanzados en este ámbito y devolviendo al país a la incertidumbre en materia de desarrollo.

Una campaña para apoyar a los trabajadores en primera línea contra la junta.

El pueblo, los trabajadores y los sindicalistas están luchando. Se mantienen fuertes en defensa de la democracia y la libertad. Y cualquier ayuda que puedan recibir los hará más fuertes. Por ello, la CSI está llevando a cabo la campaña "Defiende la democracia en Myanmar" en apoyo de los trabajadores de Myanmar, que están en primera línea y lideran el cambio contra la Junta. Son verdaderos héroes de la democracia y su lucha es nuestra lucha.
Solidarízate con ellos apoyando el fondo de huelga.

* Foto: Federación General de Trabajadores de Myanmar (FGWM)