Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, ha declarado: “Los generales de la junta son asesinos de niños y asesinos de masas. Cualquier gobierno que no les plante cara, y cualquier empresa que haga negocios con ellos, es cómplice de su brutal régimen y de la muerte de cientos de personas inocentes.

“Ya se trate de petróleo y gas, de productos básicos exportados desde Myanmar o de servicios financieros y de otro tipo, hacer negocios con Myanmar a día de hoy significa coludir con la corrupción. Hay que acabar con la complicidad, y los militares deben ser completamente aislados a escala internacional por el bien del pueblo birmano, que está pagando un precio espantoso por su valiente desafío a la junta”.

Control económico

El control de los militares sobre la economía, a través de la brutalidad y de empresas corruptas como Myanmar Economic Corporation y Myanmar Economic Holdings Limited, es absoluto. El temor de los militares a que este control pueda verse debilitado por un gobierno democrático es una de las principales razones del golpe militar y de la continua y sangrienta represión.

La CSI hace también un llamamiento a los países vecinos para que acojan a los refugiados que huyen de la violencia militar, como es el caso de las miles de personas que han escapado a Tailandia desde el estado de Karen para huir de los ataques aéreos. Según se informa, el estado indio de Manipur ha revocado la decisión de retornar a los refugiados.