Los militares dieron a conocer el proyecto de ley el pasado 9 de febrero, con un falso plazo de “consulta” de seis días. Los trabajadores de una serie de sectores económicos clave de Myanmar siguen negándose a trabajar, y cuentan con un gran apoyo público.

Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, ha declarado: “Por medio de esta ley, todas las comunicaciones de Myanmar quedarán bajo el control de los militares, con consecuencias devastadoras para la democracia y los derechos humanos, y efectos desastrosos para la sociedad y la economía del país. El mero hecho de cuestionar en Internet una acción de la junta militar conllevará penas de cárcel e importantes multas. Las empresas extranjeras que sigan operando en Myanmar estarán sometidas a una estricta vigilancia de todo lo que digan y hagan, y se verán obligadas a colaborar con los militares de un modo que tanto ellas como sus empleados se verán expuestos a graves complicaciones jurídicas fuera de Myanmar”.

La ley incluye en su marco de delitos cibernéticos “una declaración escrita y verbal contra toda ley vigente”, lo que constituye una flagrante violación de los derechos internacionalmente reconocidos a la libertad de asociación y reunión y otras normas internacionales en materia de derechos humanos. Esta disposición impedirá asimismo que los sindicatos y las organizaciones de empleadores puedan formular comentarios sobre leyes específicas ante la Organización Internacional del Trabajo, contraviniendo los procedimientos de la OIT.

La ley también incluye “delitos cometidos a escala local e internacional”, lo que significa que las personas fuera de Myanmar que critiquen a la junta se enfrentarán a posibles acciones por parte del Ejército de Myanmar. El control de la libertad de expresión se extiende incluso al “Internet de las cosas”.

“Un hombre, el general golpista Min Aung Hlaing, firmará en breve esta ley, dando paso a una era de oscuridad en Myanmar. Min Aung Hlaing y sus generales tienen dos objetivos principales: reprimir toda disidencia en Myanmar y evitar que la información sobre la represión de los derechos y las libertades fundamentales se difunda al mundo exterior. Con ello esperan mantener el control de la economía, de modo que los militares puedan seguir saqueando el país a razón de miles de millones de dólares para su beneficio particular. La junta asegura al mundo que respeta los derechos humanos, pero son mentiras flagrantes. Hay que apartar a los generales y poner fin a sus actividades lucrativas”, concluye Burrow.