“Si imaginamos un futuro en el que nadie se quede atrás, en el que respondamos al llamamiento de nuestros hijos, que han salido a la calle con miedo y frustración, y en el que economías incluyentes satisfagan adecuadamente las necesidades de las personas y sus comunidades, podremos construirlo juntos”, dijo la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, en su discurso ante la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas.
Sesenta gobiernos presentaron en la Cumbre sus planes de acción sobre el clima, así como sus contribuciones a iniciativas mundiales y nacionales. Prometieron adoptar medidas para reducir o mitigar las emisiones de carbono, desde financiación para el Fondo Verde para el Clima hasta programas nacionales de reforestación. Solo se pueden considerar nuevos pasos hacia la ambición necesaria para estabilizar el planeta: es necesario adoptar más medidas.
El éxito de la Cumbre sobre la Acción Climática se medirá a través de los planes de contribución determinada a nivel nacional que los gobiernos deben presentar en 2020. Dichos planes deben mostrar que los países se toman en serio sus responsabilidades ante el cambio climático.
El empleo seguro y la incertidumbre en cuanta a la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono con empleos decentes preocupan a muchos trabajadores. La nueva Iniciativa de Acción Climática para el Empleo anunciada por el Secretario General de las Naciones Unidas es una plataforma cuyo objetivo es garantizar que los empleos decentes y la transición justa formen parte de todas las contribuciones determinadas a nivel nacional, es decir, los planes nacionales que todos los gobiernos deben presentar como parte del Acuerdo de París.
Nueve empresas importantes de los sectores energético e industrial, entre ellas los mayores promotores del mundo de energía renovable, se sumaron a la iniciativa para cambiar el modelo empresarial y situar los derechos de las personas y la sostenibilidad en el centro de la planificación de las empresas con el Compromiso de transición justa y empleos decentes.
“Esto demuestra el poder del diálogo, los acuerdos negociados y las alianzas. Estas empresas han asumido el compromiso con sus trabajadores directos – más de 230.000 – de garantizar empleos verdes, justos, decentes e incluyentes y, más allá de eso, con los millones de trabajadores en sus cadenas de suministro mediante los procesos de compra y la materialización de estos principios en acuerdos contractuales justos con salarios dignos, protección social y medidas de salud y seguridad adecuadas. El compromiso pone el listón muy alto y los sindicatos colaborarán con las empresas para lograr una transición justa para todos los trabajadores”, dijo Burrow.
Los inversores también deben sumarse a la iniciativa de inversores por una transición justa de los Principios para la Inversión Responsable y la CSI y, de esta manera, ayudar a estas empresas y hacer uso de su autoridad para exigir a otros que hagan lo propio.
Las metas del Acuerdo de París de 2015 solo se pueden alcanzar mediante transformaciones tecnológicas, sociales y económicas considerables que se deben llevar a a la práctica ahora si queremos lograr los objetivos de 2030.
“Para los sindicatos, una transición justa es el camino hacia un nivel elevado de ambición, ya que aumenta la confianza de las personas y las comunidades en un futuro seguro y genera esperanza. No cabe duda de que ha comenzado la carrera para reducir las emisiones antes de que sobrepasemos el punto de inflexión. Existen estudios científicos que prueban que la neutralidad en carbono no es negociable, pero la elección de cómo lograrla está en nuestras manos”, dijo Burrow.