Los sindicatos saben que la creación de unas infraestructuras resilientes, la promoción de una industrialización sostenible y el fomento de la innovación pueden ser factores determinantes para reducir la pobreza y las desigualdades.

Pero para que esto ocurra, las inversiones en infraestructura e industria se deben basar en los derechos humanos y las necesidades de desarrollo, en reducir la dependencia de productos extranjeros en sectores esenciales (como alimentos, energía y medicamentos) y en ofrecer empleos decentes con salarios mínimos vitales.

Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas pueden contribuir a la creación de empleo, pero deben garantizar la formalización de la economía informal.

Ante las nuevas formas de trabajo, fruto de la innovación y la rápida digitalización, se necesita el desarrollo de competencias y el aprendizaje permanente para no dejar a nadie atrás. También debemos reconocer que el acceso a una conexión a Internet de calidad y asequible es un derecho básico.

Además, se debe promover legislación para proteger la privacidad de los datos y los derechos de los trabajadores a domicilio, en plataformas y a distancia.

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