El ejército tomó el poder en vísperas de la sesión inaugural del nuevo Parlamento, donde la Liga Nacional para la Democracia (LND), partido liderado por Aung San Suu Kyi, obtuvo una amplia mayoría de los escaños tras los resultados de las elecciones celebradas en noviembre de 2020.

Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, comentó: “Debe prevalecer la voluntad popular, y la comunidad internacional tiene que ejercer intensas presiones para asegurarse de que los militares no tengan éxito en su intento de suprimir la democracia una vez más. Nos solidarizamos con el pueblo birmano, su movimiento sindical y las demás instituciones que defienden la democracia en el país. Las acusaciones de fraude electoral por parte de los militares han sido ya rechazadas por la Comisión Electoral de Myanmar y no son sino una excusa utilizada por los generales que buscan hacerse con el poder, sin importarles las consecuencias para la población y para la economía nacional”.

Según la Constitución de Myanmar, el 25% de los escaños parlamentarios están reservados a los militares y la NLD obtuvo una mayoría aplastante respecto a los escaños restantes. El partido USDP, próximo a los militares, logró muy pocos apoyos. No existe evidencia alguna para sustentar la reclamación de fraude electoral.

El cabecilla del golpe, general Min Aung Hlaing, al igual que otros miembros del ejército, tiene considerables intereses comerciales incluyendo acuerdos muy lucrativos con empresas fuera de Myanmar, y ha sido acusado por la ONU de crímenes de guerra en relación con la brutal persecución lanzada contra el pueblo rohinyá y otras minorías étnicas.