En una carta dirigida al presidente de Kazajistán, el secretario general de la CSI, Luc Triangle, ha exigido la retirada de todas las sanciones contra los trabajadores en huelga y la adopción de todas “las medidas necesarias para garantizar que este conflicto laboral se resuelva a través del diálogo social y de conformidad con el principio de libertad sindical”.

El 11 de diciembre de 2023, aproximadamente 500 trabajadores del sindicato Industry Trade Union of Fuel and Energy Complex Workers iniciaron una huelga en la West Oil Software en el marco de un conflicto laboral existente.

Ese mismo día, un tribunal local decretó en una vista privada, carente de representación sindical, que la huelga era ilegal. Desde entonces, los trabajadores en huelga y sus familias han sido víctimas de una campaña de intimidación por parte de la empresa y de las autoridades locales. La apelación contra la sentencia judicial ha sido desestimada.

El 13 de enero, siete trabajadores en huelga fueron interrogados por la policía, y West Oil Software anunció el despido de todos ellos.

Derecho de huelga

“Este tipo de conflictos laborales son inevitables en el sector del petróleo y el gas de Kazajistán occidental, donde priman la subcontratación y la externalización”, ha declarado Luc Triangle.

“Sin embargo, las actuaciones contra estos trabajadores vulneran los compromisos suscritos por Kazajistán con los convenios de la OIT y crean un clima inaceptable de miedo e inseguridad. Instamos al Gobierno de Kazajistán a que respete los derechos de los trabajadores a organizar sindicatos y a hacer huelga, tal como se recoge en los convenios ratificados por el país”.

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha criticado en repetidas ocasiones la ley kazaja que criminaliza a los trabajadores que hacen huelga.

“El Gobierno debe asumir su responsabilidad de promover el diálogo social, la negociación colectiva y la libertad sindical.

“La persistente criminalización de los trabajadores en huelga, y la ausencia de medidas contra el despido de los trabajadores en huelga a modo de represalia por parte del empleador, indicarían claramente que el Gobierno antepone la represión […] al respeto de los derechos humanos fundamentales”, concluye Luc Triangle.