Los negociadores gubernamentales en la COP28 de Dubái están debatiendo un «Programa de trabajo sobre la transición justa», que tiene por objeto consolidar la manera en la que los Gobiernos incluyen políticas de transición justa en el marco de sus acciones por el clima. Estas negociaciones tiene la finalidad de combinar la dimensión internacional de la transición justa, vinculada al desarrollo sostenible y a la erradicación de la pobreza, con lo que está sucediendo en materia de transición a escala nacional, así como garantizar la coherencia en las acciones de los distintos Gobiernos para abordar los efectos del cambio climático.

La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 210 millones de trabajadores en 165 países, y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), que representa a 50 millones de empresas en 142 países, han estado recordando al unísono ante los Gobiernos que ellos, como interlocutores sociales y actores clave en la economía real, están presionando para que la COP28 cierre un acuerdo sobre una arquitectura internacional que garantice una transición justa dotada de apoyo y eficaz. Los trabajadores y los empleadores son actores clave en la construcción de un futuro resiliente al clima y tienen soluciones que aportar.

Antes de la negociación del Acuerdo de París en 2015, los empleadores, los sindicatos y los Gobiernos de 187 países se reunieron, como mandantes en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y consensuaron las Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos [1]. Durante la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de junio de 2023, representantes de los Gobiernos, los Trabajadores y los Empleadores de los 187 miembros de la OIT adoptaron por consenso y con un amplio respaldo estas Directrices, que constituyen un referente clave para la formulación de políticas y una base para las acciones en aras de la transición justa, inclusive para su aplicación a nivel nacional. El contenido de estas Directrices y de la Resolución son ahora más pertinentes que nunca. Estos documentos enfatizan que «Las transiciones requieren esfuerzos concertados y deben planificarse y organizarse de manera que permitan afrontar las pérdidas de empleo, los déficits de trabajo decente, la desigualdad y los desajustes sectoriales y educativos. Las políticas han de ser coherentes y equilibradas y deben tener en cuenta el nexo que existe entre el cambio climático, el trabajo decente y el desarrollo sostenible». Es preciso poner el foco en los trabajadores y en las empresas, en particular, las pequeñas y medianas empresas, que precisan de un entorno propicio para innovar, ser sostenibles y generar empleo decente.

A nosotros, los representantes de los empleadores y los sindicatos ante la COP28, nos preocupa que las negociaciones de la COP28 del Programa de trabajo sobre la transición justa no estén logrando sentar las bases y generar el consenso que esos mismos Gobiernos, con la participación de los sindicatos y los empleadores, ya acordaran en la CIT de junio de 2023.

La Resolución [2] de la CIT contiene elementos para definir y llegar a un entendimiento común sobre la transición justa. Brinda una política y un marco para basar y guiar los mecanismos hacia una transición justa, que tome en consideración las circunstancias nacionales y las prioridades de desarrollo.

Las transiciones están afectando a quienes trabajan y dirigen empresas en todos los sectores de la economía, en especial, las pequeñas y medianas empresas, y lo seguirán haciendo en el futuro. Invertir en un diálogo social que aborde los desafíos relativos al trabajo es importante para sustentar las principales transformaciones que se precisan, en aras de las personas y el planeta.

Estos recordatorios son hoy más necesarios que nunca. Las Directrices y la Resolución son pertinentes para las políticas macroeconómicas, industriales y sectoriales; para las políticas activas del mercado del trabajo y para las relativas al desarrollo de competencias, a la seguridad y la salud en el trabajo, a las empresas sostenibles, a la protección social, al género, a la inclusión y la equidad. Todas estas políticas han de basarse en un diálogo social inclusivo.

Es importante garantizar la transición justa para todos los países, con independencia de su nivel de desarrollo, de su sector económico, o del carácter formal o informal de su economía. Asimismo, esta transición debería estar en consonancia con las prioridades nacionales de desarrollo.

Estos elementos deberían incorporarse en los debates de la COP28 del Programa de trabajo sobre la transición justa. Los sindicatos y los empleadores no quieren que la dimensión del empleo quede diluida en los importantes debates sobre la transición justa que están teniendo lugar en Dubái. Tanto la dimensión nacional como la internacional revisten igual importancia a la hora de lograr una transición justa que contribuya a la justicia social y a la acción climática.

Los negociadores en la COP28 pueden tomar los elementos de la Resolución de la CIT como una base sólida para llegar a un entendimiento común sobre la transición justa en el marco del Programa de trabajo y del Marco de políticas que sustente los mecanismos hacia una transición justa.

La OIE y la CSI están dispuestas a colaborar con los Gobiernos a nivel nacional y mundial para lograr una transición justa.